La juez vuelve a enviar a prisión al exdirector de los ERE fraudulentos

El caso de los ERE fraudulentos ha recuperado este miércoles brío con 20 nuevos detenidos, nueve citaciones judiciales de imputados y 13 registros en siete provincias: Sevilla, Madrid, Barcelona, Jaén, Granada, Cádiz y Las Palmas. La Operación Heracles de la Guardia Civil, a las órdenes de la juez Mercedes Alaya, es un nuevo impulso a esta causa que durante los últimos cinco meses ha conservado una pieza secreta para identificar a “los verdaderos beneficiarios” de parte del fondo de los ERE, dotado con 721 millones por la Junta de Andalucía, gobernada desde hace tres décadas por el PSOE. Y este miércoles han brotado los primeros frutos de esta investigación reservada que ha seguido el rastro del dinero empleado en comisiones de los expedientes de regulación de empleo, cifradas en 68 millones.

La magistrada se incorporó hace solo dos semanas tras una prolongada baja por enfermedad (cinco meses), y entonces avisó a su entorno de que se incorporaba con mucha fuerza. Hoy ha cumplido su palabra.

El signo más claro de la entidad de esta operación ha sido que la juez Alaya ha vuelto a ordenar prisión incondicional para el exdirector general de Trabajo y principal imputado del caso, Javier Guerrero. El exalto cargo ha declarado durante tres horas, y Anticorrupción ha considerado que existe riesgo de fuga, alteración de pruebas y la posibilidad de que contacte con otros imputados y esto afecte a la investigación. Argumentos que ha asumido Alaya para decidir su encarcelamiento.

Dado que la causa está secreta, no ha trascendido si la juez imputa nuevos delitos a Guerrero. La drástica decisión marca la pauta para las comparecencias de estos próximos días, que se prevén eternas dados los precedentes de esta causa, que ya acumula 60 imputados.

En la Operación Heracles (referencia griega al Hércules del escudo de Andalucía) participaron 200 agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y los Grupos Rurales de Seguridad de la Guardia Civil. Entre los detenidos, cuya cifra está previsto que ascienda a 22 personas en los próximos días, destacan los directivos de la principal consultora que tramitó los ERE, Vitalia, Eduardo Pascual y María Vaqué, ambos imputados por el caso Eurobank, que investiga la Audiencia Nacional. Los agentes han detenido asimismo a siete empleados de Vitalia en Barcelona y dos más en Madrid, dos abogados del bufete sevillano Estudio Jurídico Villasís y varios familiares que actuaron como testaferros del intermediario Juan Lanzas, que amasó una fortuna gracias a su sólida amistad con Javier Guerrero.

Los auditores de la Cámara de Cuentas andaluza escrutaron los ERE durante un año y concluyeron que las consultoras Vitalia y Uniter habían percibido en torno a 68 millones en comisiones. La Junta andaluza ya ha eliminado estos pagos porque ocasionó abusos que rondaron el 10%, aunque llegaron a alcanzar el 29% de la póliza, cuando la media del mercado ronda el 3%, según los técnicos. Esa enorme tarta de comisiones fue degustada por gran parte de los últimos detenidos, y el empacho de algunos fue notable.

Hace dos meses la Guardia Civil precipitó la detención de uno de los testaferros de Lanzas que blanqueó sus beneficios, Juan Francisco Algarín. Y antes de su inesperado ingreso en prisión, su prolija declaración reveló jugosos detalles sobre el pago de comisiones ilegales entregadas en sobres “con billetes de 500 y 200 euros”. Algarín apuntó a una entrega masiva de comisiones ilegales realizadas en cafeterías ubicadas en el entorno de sedes oficiales de la Junta andaluza. Está por ver si los testimonios de los nuevos detenidos ratifican ahora este abuso de comisiones.

Algarín estaba situado al final de una pirámide de responsabilidades junto a otros testaferros como Eduardo Leal y Beatriz Núñez, ambos detenidos hoy en Sevilla. Estos tres personajes blanquearon supuestamente 1,8 millones a través de empresas de mensajería entre 2003 y 2006 para Lanzas. El intermediario trabajó a las órdenes del director comercial de Vitalia Antonio Albarracín, que discutía los márgenes de beneficios y ciertas prebendas para Guerrero en una comida mensual. Y poco a poco el círculo se cerraba. Al margen de las abultadas comisiones, los protagonistas de la trama idearon un complejo sistema para incluir personas entre los prejubilados de las empresas como intrusos. Algunas de estas pólizas alcanzaron los 450.000 euros.

Durante los últimos meses, unos 30 agentes de la Guardia Civil han analizado los movimientos de al menos 402 cuentas bancarias de 50 entidades para trazar el rastro del dinero. Operaciones comerciales “verdaderas o ficticias” mantenidas entre las aseguradoras, los despachos de abogados y las asociaciones de trabajadores. Los registros de este miércoles se han producido en las sedes de las consultoras Vitalia y Uniter en Madrid, Sevilla y Jerez, así como en la sede de la empresa Imaginae, ubicada en Granada y vinculada a la familia de Lanzas, así como el domicilio particular de este en Jaén.