Educación busca soluciones para los niños que lleven la comida al colegio

La Consellería de Educación tuvo que rectificar ayer a su secretario general, Jesús Oitavén, después de que los medios de comunicación publicaran su intervención en el Parlamento en la que deslizana que se prohibiría el uso del tupper en los colegios por los niños cuyas familias no puedan pagar el comedor. La Xunta ha implantado el copago por este servicio a las familias con rentas netas superiores a 1.000 euros mensuales. Oitavén había sido rotundo al asegurar que la Xunta “no es capaz de garantizar” los principios de calidad alimentaria de las “comidas elaboradas en el hogar”. Su intervención llevó al portavoz de AGE, Ramón Vázquez, a preguntarle si pensaba “dejar sin comer a los niños”, cuestión a la que el alto cargo no respondió.

 Oitavén llevaba escrito un discurso con una alusión expresa a la imposibilidad de prohibir que los alumnos lleven su propia comida al colegio, pero se la saltó. Según informó posteriormente Educación, no se ha decidido aún cómo solventar la situación de los estudiantes que, al no poder hacer frente al copago, acudan con la fiambrera al colegio. “Confiamos en que no haya esa demanda”, sostiene la consellería para puntualizar que en el caso de que sí la haya se deberán habilitar mesas separadas “u otro espacio” para que los alimentos que se llevan cocinados de casa no se mezclen con los esterilizados de los caterings. Cataluña y Madrid cobran a los alumnos con tupper por el uso de los comedores.

De otra parte, Oitavén dejó claro en esa misma comparecencia que Educación se tomará con calma la decisión sobre si mantendrá las subvenciones a los colegios que segregan por sexo después de que, la semana pasada, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dictara una sentencia que anula esos conciertos. La Consellería mantiene el principio de que esa discriminación de los estudiantes en función del sexo es un ejercicio de “libertad de elección de los centros”, en sintonía con la filosofía del ministro José Ignacio Wert, que ante la cascada de sentencias del Supremo que declaran ilegal subvencionarlos con fondos públicos, ha decidido blindarlos, manteniendo los conciertos, en la nueva ley educativa que prepara. La Xunta no tiene prisa. “Es necesario un análisis jurídico de alcance”, matizó Oitavén sobre la sentencia de diez folios con la que el alto tribunal gallego aplica la doctrina del Supremo.

De momento, la Xunta hace una defensa cerrada de las ayudas públicas a estos centros ultracatólicos. “No se obliga a nadie a ir” a ellos, contrarreplicó Oitavén a las críticas de la oposición, que le reprochó el gasto de tres millones de euros en sos conciertoss. Después, recitó una ristra de sentencias anteriores a la del Supremo para destacar la “contradicción” y se aferró a la situación de Andalucía, que aún no ha suprimido los conciertos pese a que así lo ordenó el Supremo el pasado julio.