Una factura con muchas variables

Una de las bromas más habituales que se gastaban entre quienes negociaban el cupo con la administración central era que siempre beneficiaba a Euskadi porque los únicos que lo entendían eran los del Gobierno vasco. Ahora en Madrid han aprendido y saben que simplemente diciendo no, se curan en salud, y evitan el debate ya que las cantidades, o se pactan, o cada uno anota las suyas.

El cálculo del Cupo, el dinero que paga Euskadi a la administración central para compensar los servicios que le presta, como Defensa o la Casa Real, arranca del Presupuesto de gastos de la administración central. Las partidas de competencias no transferidas que afectan a Euskadi se suman y se aplica el 6,24%, —porcentaje que equivale al peso económico de Euskadi en España—. A la cantidad resultante se le restan los gastos que ha hecho Euskadi en materias como el personal de la Ertzaintza, labores del tabaco e inversiones pactadas —por ejemplo el AVE— entre otras.

A esa cifra se le aplica una corrección en función de si la recaudación del año ha subido o bajado respecto del año fijado como base, —o se ha cambiado el sistema de financiación autonómica, como sucedió en 2009—. Según los cálculos de las instituciones vascas en 2012, ese índice debería ser del 0,67 (es decir multiplicar el dinero resultante del cupo anual por ese índice, por lo tanto menos cupo), mientras que al Estado acepta la rebaja pero le sale un 0,82,: sólo por esa diferencia el Gobierno resta 183 millones que el central suma. Si el cálculo del cupo arranca del presupuesto de gastos de la administración central, pero cambia a lo largo del año como con la Ley de Dependencia, o con programas como Eskola 2.0, hay que renegociar.