Urkullu ve inviable desviar el Cupo

En épocas de recursos limitados, cualquier piedra parece una veta. Las estrecheces dinerarias que están atravesando las administraciones públicas han dado paso a una alocada carrera de ideas por encontrar recursos baratos, en cualquier lugar.

La patronal Confebask no ha dejado descansar a su Think Tank y en apenas tres meses ha pasado de proponer legislar un coeficiente obligatorio de inversión en empresas vascas con los fondos de pensiones de los trabajadores vascos, las EPSV, —que alcanzan el 30% del PIB, unos 19.000 millones—, a reutilizar para ese mismo fin los fondos recuperados a las empresas procedentes de las vacaciones fiscales y finalmente a desviar un eventual ingreso de los relacionados con el Cupo —la aportación del País Vasco por los servicios que la administración central presta en Euskadi— para inyectar liquidez al tejido industrial. De tres, cero.

El Gobierno ha dicho que no, especialmente a esta última, cuando empezaban a sumarse otras voces, como EH Bildu, que también piden usar los fondos del Cupo para otros fines. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu reclama unos 800 millones a la administración central, y la posibilidad de un acuerdo, alentada por el propio lehendakari tras la reunión que mantuvo en Madrid con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy en la Moncloa el pasado 30 de enero, ha acelerado ese debate sobre el destino de los fondos del Cupo, precisamente en vísperas de que el Parlamento vasco inicie el trámite de debate de enmiendas al presupuesto para 2013.

“Si necesitamos actividad y empleo, habrá que destinar a ello todo ingreso adicional que pudiera obtenerse en virtud de la negociación de la liquidación del cupo de los últimos años u otros tipos de ingresos”, propuso el presidente de Confebask, Miguel Ángel Lujua en una de sus últimas entradas del blog.

Mientras, se mantiene pendiente la renovación del propio sistema que reconoce el Concierto

Los 800 millones que puedan provenir de la liquidación del Cupo “no aliviarán la carencia de 1.132 millones” que existe en las cuentas públicas vascas para 2013, le respondió, Iñigo Urkullu, este pasado martes durante la presentación de los presupuestos. En su respuesta fue taxativo al asegurar que “si hay un acuerdo con el Gobierno de PP en esta cuestión, este montante supondrá más liquidez” para su Ejecutivo, “pero no disponibilidad para presupuestos complementarios”.

¿Pero por qué no se puede utilizar? para un plan extraordinario de inversiones, por ejemplo. La explicación es que esas diferencias que elevan la reclamación del Gobierno vasco por encima de esos 800 millones “son ajustes contables”. La reclamación del País Vasco se ha ido acumulando desde 2007 en base a diferencias de criterio a la hora de aplicar la normativa del Concierto Económico. Si, por ejemplo, ya en 2011 esa discrepancia ascendía a 370 millones, a favor del Gobierno vasco, —a su entender—, el Ejecutivo lo anotaba en su contabilidad del año en curso como un ingreso.

Cada ejercicio ha ido computando en sus presupuestos las discrepancias anuales, como un ingreso más para elaborar el presupuesto de gastos, pero con una diferencia sustancial.

Si las aportaciones de las Diputaciones forales tienen una contrapartida en los bancos con los que trabaja el Gobierno, las discrepancias del Cupo son anotaciones sin contrapartida dineraria. El Gobierno central hacía lo mismo. Cuando tenía que ajustar impuestos con el vasco, descontaba sus discrepancias y así hasta el siguiente ajuste. Así llevan desde el mismo año en que renovaron el Concierto Económico, 2007.

Es decir, las cantidades figuran en los papeles, pero no están en el cajero automático del Gobierno, en su Tesorería. De ejecutarse al 100% el presupuesto de un ejercicio, el Ejecutivo correspondiente tendría que buscar fondos adicionales a través de deuda para cubrir esa obligación de terceros.

Fuentes acreditadas del Ejecutivo lo explicaron el viernes así: “La solución de las discrepancias no genera recursos presupuestarios adicionales a los del año en curso. Si se resuelven las discrepancias, eso implica que se solucionan diferencias económicas de ejercicios económicos pasados, regularizando los cupos pendientes de liquidación. Sí mejora la liquidez de las cuentas públicas, pero no aporta mayores ingresos presupuestarios”.

El condicional “si se resuelven” que utiliza el departamento de Hacienda lo dice todo. PNV y PP no tienen sólo ese problema. Las dos administraciones, que exhibieron buena voluntad en la recepción de Rajoy a Urkullu tienen entre manos otros asuntos que al Gobierno vasco le reportaría más tranquilidad, como la relajación del déficit. Euskadi puede acreditar que no ha llegado al 1,5% del plan de reequilibrio. Mantener ese déficit para 2013 —y no el 0,7%— sí permitiría al Ejecutivo elevar el techo de gasto unos 700 millones sobre el proyecto que presentó el pasado martes, de 9.316 a unos 10.000.

La historia dice que el acuerdo sobre el Cupo y el Concierto no va a ser fácil con la actual crisis de recursos. El de 2007 lo firmó el entonces lehendakari Juan José Ibarretxe, y en 2010 fue su sucesor, el socialista Patxi López quien intentó poner coto a las discrepancias de 2008 y 2009. Al frente de la administración central estaba José Luis Rodríguez Zapatero.

López fracasó y lo volvió a intentar tras la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa, a partir de 2011. En 2013 lo va a procurar Urkullu, en medio de escepticismo del propio PP en el País Vasco. “Es mucho dinero, otra cosa es que haya una negociación a la baja para zanjar el problema y hacer borrón y cuenta nueva”, dicen desde el PP.

Ahí es donde EH Bildu entra en el debate. Laura Mintegi aseguró en Eibar que discrepa totalmente de que con su dinero se financie a la Casa Real, entre otros destinos. La propuesta de la coalición independentista es la de utilizar el sistema de financiación vasco como una herramienta más de lucha política y cuestionar los componentes de esa aportación al Estado desde sus cimientos. EH Bildu no tendría ningún problema en usar ese capítulo como punta de lanza de la confrontación con el Estado en un momento determinado. Una opción que el PNV, al menos ahora descarta. En ese contexto el Consejo de Gobierno aprobará el próximo martes un fondo para pymes de 600 millones pero con dinero de la banca.