El rápido deterioro de las cuentas del Consell asfixia la gestión de Fabra

Los indicadores económicos no le dan ni un respiro al presidente de la Generalitat. Los datos del Banco de España, publicados ayer, sobre la deuda de las autonomías al cierre de 2012 volvieron a convertirse en un auténtico varapalo para el Consell.

La deuda de la Comunidad Valenciana se situó a finales del año pasado en 29.437 millones de euros, una cantidad que representa el 29,3% del producto interior bruto (PIB) regional. La cifra consolida a la Generalitat como la autonomía más morosa en términos relativos y la segunda en términos absolutos tras Cataluña. En tan solo un cuatrienio, el Gobierno valenciano ha doblado con creces toda la deuda que se había acumulado desde el inicio del autogobierno hasta 2008. \[El Ayuntamiento de Valencia, con 886 millones también se colocó como la segunda ciudad más endeudada tras Madrid, según el Banco de España\].

El Gobierno valenciano intentó justificar el desmesurado crecimiento de la deuda por la inclusión en el cómputo de Feria Valencia —572 millones de euros que hasta la fecha no se contabilizaban porque la institución obtenía más de la mitad de sus ingresos al margen de las subvenciones—; la deuda acumulada a través de un instrumento financiero denominado confirming que tampoco se contabilizaba y los créditos del Fondo de Liquidez Autonómico y del plan de pago a proveedores.

Según los datos del Banco de España, la Comunidad Valenciana aumentó su deuda en un solo año en otros 8.133 millones adicionales, lo que supone un 38% de incremento respecto a 2011.

La oposición exige la comparecencia de Moragues y que Fabra se explique

Las cifras de deuda al cierre de 2012 se conocen después de que en poco menos de 15 días, la agencia Standard & Poor’s, rebajase un peldaño más la calificación de la Comunidad Valenciana a largo plazo y el Ministerio de Hacienda desvelase que el déficit de la Generalitat rondó el 3,5%, muy por encima del 1,5%.

Con estas tensiones financieras, el Gobierno valenciano se ha visto obligado a centrar su gestión en la adopción de medidas que no generen gasto. Y como muestra, un botón. En la reunión semanal de ayer, aparte de las decisiones administrativas —convenios, aprobación de planes o renovación de órganos— tan solo se autorizó una medida económica: la autorización de ayudas por importe de 700.000 euros para la realización de planes de formación de trabajadores ocupados.

En este clima, la oposición redobló ayer la presión para conocer cómo piensa salir Fabra del bucle infernal en el que se halla la Administración valenciana. El portavoz socialista en las Cortes, Antonio Torres, anunció que en la próxima sesión de control al presidente de la Generalitat volverá a preguntar sobre las consecuencias de la desviación del déficit de 2012 de la Generalitat y la previsión de 2013.

Por su parte, Ignacio Blanco, portavoz adjunto de Esquerra Unida, solicitó la comparencia urgente del consejero de Hacienda, Juan Carlos Moragues, para que explique cómo piensa hacer frente a una deuda que roza ya el 30% del PIB y amenaza el bienestar de generaciones futuras.

El jefe del Consell intentó el pasado jueves sortear las críticas con el anuncio de que convocará a los premios de Economía Jaime I para que elaboren una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómico. Pero el anuncio, más que apaciguar, irritó a la oposición. La coordinadora de EU, Marga Sanz, tachó el anuncio como una falta de respeto a las Cortes y a la comisión de expertos en materia de financiación autonómica y que trabaja desde hace años en la cuestión. “Lo único que quiere Fabra es dilatar la exigencia de la financiación ante Rajoy, buscando circunloquios diversos”, afirmó Sanz.

Por su parte, el vicepresidente del Consell, José Ciscar, defendió la propuesta de Fabra. “Queremos cargarnos de razón y, por esta vía y sin costes económicos, podemos tener un informe de voces muy autorizadas”.

Respecto a las acusaciones de pasividad por parte del Consell, Ciscar manifestó que Fabra ya ha reiterado que quiere que la revisión del sistema de financiación autonómica entre en vigor en 2014. “Ahora es el Gobierno el que ha de mover ficha y convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera”, indicó Ciscar. Casi a la misma hora, el Gobierno anunciaba que el órgano que reúne al ministro de Hacienda y a los consejeros de todas las autonomías se reunirá, de manera ordinaria, el jueves.

Distintas comunidades autónomas ya han reclamado un cambio del sistema, por lo que, previsiblemente, se acordará la puesta en marcha de una comisión que analice los distintos escenarios. Entre las propuestas que defenderán algunas autonomías está la de flexibilizar el objetivo de déficit de este año, fijado en el 0,7% del PIB, de manera variable. Es decir, que se pueda compensar parte de la infrafinanciación con un mayor recurso a la deuda.