Los farmacéuticos acusan al Consell de reducir un 35% sus ingresos

Los farmacéuticos valencianos han denunciado hoy que el decreto ley aprobado por el Consell supondrá la "cubanización" del modelo actual y una disminución de hasta el 35% de sus beneficios. El sector presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional.

"¿El decreto es un castigo porque nos defendimos cuando era imposible mantener las farmacias?", se ha preguntado la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, María Teresa Guardiola, en una rueda de prensa junto a los presidentes de la empresarial Farval, Vicente Payá, y del Sindicato Libre de Farmacéuticos, José Antonio Puchades.

El consejero de Sanidad, Manuel Llombart, ha replicado que el decreto ley es "absolutamente válido desde el punto de vista legal", ya que tiene un informe favorable de la Abogacía de la Generalitat, y se ha mostrado convencido de que se llegará a un "punto de consenso y diálogo" con los colectivos farmacéuticos.

"Lo único que ha movido al Gobierno valenciano a llevar a cabo este decreto es la necesidad de ser eficiente en el uso de los recursos de que disponemos" y "sin afectar a la prestación al ciudadano", ha defendido Llombart tras asistir a un acto.

El decreto aprobado hace dos semanas por el pleno del Consell prevé el suministro directo de los fármacos a los pacientes crónicos, un mayor control de las recetas médicas y la revisión de los historiales de los que toman varios medicamentos cada día. Con las medidas, el Consell pretende ahorrar unos 300 millones de euros en gasto farmacéutico. Además, el Gobierno valenciano introdujo incentivos a los profesionales sanitarios que contribuyan a reducir la factura farmacéutica.

El decreto pretende la dispensación y administración “directa y eficiente” de fármacos a los enfermos crónicos, así como a las personas mayores ingresadas en las 22.000 plazas de las residencias de tercera edad.

La opinión de las farmacias sobre el decreto ha quedado clara esta mañana. Guardiola ha destacado que todos los colectivos farmacéuticos de la Comunidad Valenciana se han unido para mostrar su "rechazo y consternación". A su juicio, este decreto es un "castigo" porque los farmacéuticos se defendieron cuando era "imposible" mantener las farmacias, 2.400 en toda la Comunidad Valenciana, y ha recordado que la Generalitat aún les adeuda cerca de 300 millones de euros.

"De un plumazo nos han quitado las competencias alegando un ahorro económico que nosotros no vemos", ha destacado Guardioa. Para los farmacéuticos, el decreto supone la "cubanización del modelo mediterráneo de farmacia", ya que si la Administración crea una red paralela para el suministro de medicamentos se podría llegar a que, como en Cuba, las boticas fueran controladas por el Estado.

"Hemos pasado del modelo liberalizador que proponía el Ministerio de Hacienda al intervencionismo salvaje porque nos quitan las competencias", ha afirmado Guardiola.

Según ha indicado, el gasto anual en la receta electrónica supera los dos millones de euros solo en la provincia de Valencia, una cantidad que ahora asumen las farmacias; si interviene la Administración la tendrán que pagar los ciudadanos.

Por ello, ha anunciado la creación de un "Observatorio de transparencia" con el objetivo de controlar que efectivamente las medidas aprobadas suponen un ahorro de gasto a la Administración y "denunciar las irregularidades jurídicas y judiciales que vulneren" los derechos de los boticarios.

Además, al considerar que se trata de una norma "ilegal" e "inconstitucional" presentarán un recurso.

Vicente Payá ha criticado que este decreto supondrá un 25% menos de actividad de las farmacias y con ello una disminución de beneficios de hasta el 35% en las farmacias que más medicamentos venden de la Seguridad Social, además de "medidas drásticas" en el empleo, ya que habrá que prescindir de trabajadores. "Al ser un decreto inconstitucional introduce elementos indeseables en la Administración central", ha señalado Payá.

El presidente del Sindicato Libre de Farmacéuticos ha considerado el decreto ley como una "auténtica basura normativa propia de países antidemocráticos y totalitaristas" y supondrá, además, un aumento de los gastos en la Administración.