Bermúdez espera un fallo “contundente” de Estrasburgo sobre la ‘doctrina Parot’

En seis días, la Gran Sala del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo examinará el recurso presentado por el Gobierno español contra su sentencia que amparó en julio pasado a la presa etarra Inés del Río Prada y consideró que la doctrina Parot vulnera derechos humanos.

De su fallo dependerá el futuro de esa interpretación del Tribunal Supremo que aplica los beneficios penitenciarios sobre la totalidad de la condena, en lugar de sobre el máximo de cumplimiento de cárcel (30 años, cuando se dictó). Un fallo que el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, uno de los padres jurídicos que impulsó esa nueva interpretación, apuesta que será “tremendamente claro y contundente”, sea cual sea su sentido, entrando en el fondo del asunto y sin dejar margen a dudas.

Gómez Bermúdez participó ayer tarde en la sede del Colegio de Abogados de Bizkaia en una mesa redonda en la que la única voz que se escuchó, ya entre los ponentes, ya entre los asistentes, a favor de la doctrina Parot fue la suya.

Ante destacados defensores de presos de ETA presentes entre el público, casi un centenar de asistentes, como el hoy senador de EH Bildu Iñaki Goioaga, Jone Goirizelaia o Arantza Zulueta, el magistrado se mostró “absolutamente convencido” de que la doctrina Parot es justa. Entre el auditorio también estaban dirigentes de la izquierda independentista como Maribi Ugarteburu y Tsio Erkizia, además de otros militantes abertzales. Uno de los intervinientes llegó a bromear sobre el "ambiente contrario" en que se hallaba el magistrado, elogiando su participación y solidez jurídica.

En su momento, abundó el juez, el cambio legal sirvió, a partir del “caso paradigmático de un delincuente múltiple de la peor condición” para acabar con una interpretación “buenista y absolutamente franquista” del cumplimiento de las penas de cárcel y la redención de las mismas por el trabajo.

Gómez Bermúdez rechazó que el cambio de interpretación naciese por impulso político con el caso de Parot y recordó los “no menos de 15 o 20” intentos previos de jueces de la Audiencia para que el Tribunal Supremo modificase su doctrina.

El juez recalcó que no resulta “significativo” en el contexto de los más de 900 presos de la banda internos en España y Francia el que poco más de medio centenar de ellos estén afectados por esta interpretación legal.

La 'doctrina Parot' ha servido para acabar con una interpretación “buenista" del cumplimiento de las penas

Y ante quienes, como alguno de los asistentes, defiende que debería tenerse en cuenta el contexto político del fin de ETA y derogarla, como reclama insistentemente la izquierda abertzale, enfatizó: “Gracias a la doctrina Parot estamos donde estamos”. En su opinión, además, interpretar las normas según la realidad social como fija ya desde su inicio el Código Civil, con "aplicar la ley según la coyuntura política".  

Entre los cuatro ponentes figuraba también la abogada y dirigente de Sortu Amaia Izko, defensora de Inés del Río, quien apuntó que lo que está en juego en la decisión de la Gran Sala de Estrasburgo es "la aplicación de los derechos humanos a todas las personas sin distinción" y la propia “calidad del Estado democrático”.

Rafael Sainz de Rozas, coordinador del área de Justicia de la oficina del Ararteko, opinó que el cambio de interpretación que hizo el Supremo supuso un quiebro de la legalidad que modificó "las reglas del juego" y que vulnera el principio de previsibilidad del alcance de las consecuencias punitivas de las condenas. "Crucemos los dedos para que la presión del Gobierno no tenga efecto", señaló sobre los movimientos que está haciendo el Ejecutivo de Rajoy, alertando de las consecuencias que tendría un nuevo fallo de Estrasburgo contrario a la doctrina Parot.  

La mesa redonca había sido sugerida por la organización de apoyo a los presos de ETA Herrira y Jon Garay, uno de sus portavoces, cerró el turno de los ponentes. Garay cifró en 93 los reclusos a los que se les ha aplicado esta interpretación del cómputo de las condenas desde su formulación en 2006. De ellos, 16 han sido puestos ya en libertad y 72 continúan en la cárcel. De estos últimos, a 57se les ha alargado la condena.