“La UPV repartía títulos a los miembros de ETA”, dicen las acusaciones

Visto para sentencia. La tercera jornada del juicio contra los profesores de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) José Enrique Antolín y Xabier Aierdi está solo pendiente de la resolución judicial después de tres días en sala. Mientras la Fiscalía y las acusaciones de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Voces contra el Terrorismo han mantenido esta mañana, en el turno de las conclusiones, su petición de inhabilitación para ambos al entender que cometieron prevaricación administrativa, por no advertir a sus superiores que eran tutores de dos deportados de ETA, mientras que la defensa ha solicitado su libre absolución al entender que "no hay caso".

Fiscalía y acusaciones solicitan para los procesados penas de ocho a nueve años de inhabilitación especial, respectivamente. Tanto la representante del ministerio fiscal, como los abogados de la acusación particular, consideran que ha quedado probado que los acusados intervinieron en el mantenimiento de los miembros de ETA deportados por Francia Belén González Peñalva y Ángel María Lete en el programa de estudios para presos, sin que comunicaran la situación "irregular" a sus superiores.

"Se les aprobaba por

El letrado de Voces contra el Terrorismo, Juan Carlos Rodríguez Segura, ha denunciado que no hubo rigor en la evaluación de los deportados de ETA, ya que recibieron "una consideración especial" por "ser miembros" de la banda cuando se les "aprobaba por trabajos". Ha opinado que los acusados "extrapolaron los beneficios" de un convenio para alumnos que no podían acudir a examinarse presencialmente, en su mayoría presos de ETA, a dos personas deportadas, y con esa fórmula "se repartían títulos a miembros de la organización terrorista"

Por su parte, la defensa de los dos profesores ha considerado que la causa, que juzga el Juzgado de lo Penal número 1 de Bilbao, "nunca debió existir" y ha insistido en que ninguno de los dos incumplieron norma alguna en relación con los estudios de los deportados, cuya existencia era "pública y notoria" en la universidad y no "un negociete privado de algunos". Javier Beramendi, abogado de la defensa, ha reclamado la absolución para sus patrocinados ante la "vaguedad acusatoria" contra ellos, después de que todos los testigos aseguraran que como profesores, Aierdi y Antolín tenían la obligación de formar y evaluar a los dos deportados, una vez matriculados.

A su entender, no hubo prevaricación porque los profesores no incumplieron ninguna norma, y "no comunicar" la existencia de alumnos deportados no es lo mismo que dictar resoluciones injustas como requiere ese delito.