De Guindos culpa a una concejal del operativo policial del Madrid Arena

El exdelegado de Seguridad, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Antonio de Guindos, ha descargado esta mañana toda la responsabilidad del operativo policial montado para vigilar la fiesta del Madrid Arena en su exnúmero dos y entonces concejal de Seguridad, Fátima Núñez, hoy concejal-presidente del distrito de Carabanchel, según han avanzado los abogados de las acusaciones particulares. De Guindos, que dimitió tras ser imputado, ha declarado  desde las diez de la mañana hasta alas 13.50 ante el juez Eduardo López-Palop, que investiga la muerte de cinco jóvenes en el evento celebrado en el pabellón municipal el 1 de noviembre.

En un receso, María José Siñériz, la abogada de la familia de una de las víctimas, Cristina Arce, y Abdon Núñez, letrado de los familiares de otra de las fallecidas, Belén Langdon, han indicado que De Guindos ha asegurado que desconocía los detalles del dispositivo policial porque las responsabilidades de seguridad estaban delegadas en Núñez. Según su testimonio, lo conoció con posterioridad, al leer los informes sobre dicha noche.

El exdelegado de Seguridad ha reconocido que se produjo un multitudinario botellón en los exteriores del recinto y que no se actuó "por falta de medios" y porque los jóvenes estaban "tranquilos". "No hubo denuncias, ni hubo incidentes y fue una noche tranquila", ha remarcado, para añadir que la noche de la fiesta no hubo ninguna denuncia por consumo de alcohol, ni hubo ninguna requisa de botellas en el entorno del pabellón por parte de la Policía Municipal.

Ha admitido, como ya han apuntado muchos de los imputados, que no había policías suficientes para atajar la situación. La dotación estaba formada por un oficial, un sargento y 12 agentes, un número "insuficiente" para cubrir cualquier eventualidad, a pesar de que había pasado de "riesgo medio" a "riesgo alto". El hermano del ministro de Economía no ha sabido explicar por qué se pasó a un nivel alto de seguridad durante la noche, pero ha matizado que suelen ser "órdenes verbales" que se dan durante los eventos. De Guindos ha admitido así mismo, como ya explicó otro imputado, que no hubo una reunión preparatoria entre Ayuntamiento y Delegación del Gobierno, como sí se suele hacer con eventos similares.

Abdón Núñez ha asegurado que su declaración ha puesto en evidencia que ha habido "una dejación de funciones por parte de gente de su área de Gobierno". Por su parte, Felipe Moreno, letrado de la familia de Rocío Oña, otra de las víctimas, ha opinado que el exdelegado de Seguridad ha demostrado conocimientos suficientes para defenderse como "gato panza arriba".

Para Gerardo Viada, representante legal de la familia de Katia Esteban, Antonio de Guindos ha puesto de relieve la absoluta falta de previsión y de planificación en materia de seguridad, así como la imprudencia y la escasa dotación de la Policía Municipal. Si el exdelegado de Seguridad no tenía las facultades para dar la orden de que se celebrara o no el evento, habrá que ver quién tenía esa facultad delegada y por qué no se hicieron inspecciones para controlar el cumplimiento de las medidas de seguridad, ha destacado María José Siñeriz.

De Guindos dimitió el 4 de febrero de su cargo de delegado de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad tras ser imputado por el suceso. En la comisión de investigación, el exdelegado avanzó que lo haría en el caso de que era imputado. En un recurso, el Consistorio impugnó la imputación de la cúpula de seguridad, pero el juez lo rechazó el 4 de marzo al estimar que hubo un fallo clamoroso en las medidas de seguridad.

Antes de la declaración de De Guindos, las partes han escuchado grabaciones de la Policía entre las doce de la noche y las tres de la madrugada que demuestran desde un principio que saben que hay un botellón y que hay más de 3.000 personas en la zona de Lago. La Policía, según Abdón Núñez, tiene conocimiento de lo que está pasando, pero el problema es que "no tienen medios para intervenir".