Bruselas: “Un inversor prudente hubiera preferido la Bolsa”

Mejor hubiera sido invertir los 265 millones que costó Ciudad de la Luz en la Bolsa que levantar un complejo cinematográfico con pocos visos de prosperar. Esta es una de las conclusiones del informe que elaboró la Comisión Europea (CE) para determinar que las ayudas concedidas a la Ciudad de la Luz fueron “ilegales”. El estudio concluye que un inversor privado “no habría llevado a cabo, en las mismas condiciones, la inversión realizada por la Comunidad Valenciana” en este complejo cinematográfico.

La Comisión Europea dictaminó en mayo del pasado año que las ayudas concedidas por el Gobierno autonómico a los estudios alicantinos de la Ciudad de la Luz, y cuyo importe ascendió hasta los 265 millones de euros eran “ilegales” y ordenó su devolución, una resolución que ha sido recurrida por la Generalitat, que confía, según fuentes consultadas que se resuelva “pronto”. Bruselas también insta a que las productoras que recibieron ayuda económica para rodar en Alicante “reembolsen los importes concedidos en concepto de ayuda ilegal, renunciando así a la ventaja que había gozado en relación con sus competidores”.

El dictamen de la Comisión Europea, se basa en las conclusiones de un estudio demoledor que Bruselas encargó a la auditora Ecorys. “No parece probable que las inversiones realizadas en 2000 y 2004 se ajustaran a la conducta de un inversor privado diligente en una economía de mercado”, indica el informe que analiza el plan de inversiones de Ciudad de la Luz fijado en el año 2000, y considera que “invertir en el mercado bursátil habría resultado mucho más interesante para un inversor de mercado prudente”.

En cuanto al plan de negocio de 2004, destaca que “lo más probable es que un inversor de mercado prudente no hubiera decidido completar todo el proyecto, sino que habría podido optar por explotar los seis platós de rodaje en los que ya se había invertido o abandonar el proyecto y asumir las pérdidas”, y reconoce incluso que “un prestamista privado no habría concedido el préstamo participativo o cualquier otro crédito al proyecto”.

La Generalitat valenciana, a través de la Sociedad Parque Temático de la Comunitat Valenciana (SPTCV) invirtió un total de 274 millones de euros en Ciudad de la Luz hasta 2010 —incluidos los intereses pendientes sobre los dos préstamos participativos concedidos en 2007 por un total de 115 millones de euros—.

Las partidas que la CE califica como “ayuda estatal incompatible con el mercado interior” comprenden los 95,2 millones de euros destinados a ampliaciones de capital social; los nueve millones de euros para los terrenos asignados al complejo; los citados 115 millones para préstamos participativos, así como los préstamos convertibles en acciones emitidos desde 2008, por un total de 45,8 millones de euros, además de todos los incentivos otorgados a productores cinematográficos para que rodaran en estos estudios.

En base a este informe, la Comisión Europea rebatió las alegaciones de las autoridades españolas y confirma que Ciudad de la Luz se “financió con recursos públicos, falseó la competencia y tuvo una incidencia sobre el comercio entre los Estados miembros”.

La investigación de la Comisión Europea arrancó en el año 2007, a raíz de las denuncias presentadas por dos operadores cinematográficos de distintos estados miembros, contra la financiación pública de Ciudad de la Luz, y especialmente contra el sistema de incentivos a la producción de determinadas películas rodadas por productoras regionales.

El Gobierno valenciano, que espera la resolución del recurso contra Bruselas, ha comparado la situación de la Ciudad de la Luz con la de la factoría Ford de Almussafes, que también fue denunciada por recibir ayudas públicas y ganó el caso.