El Ayuntamiento se ‘autodemanda’

El coste de la demanda, las minutas de los abogados si deciden contratarlos fuera y quién se hará cargo de las posibles costas es aún una incógnita. Lo único que está claro es que el Ayuntamiento de Madrid, pase lo que pase, pagará. O por lo decirlo de otra manera, la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos —el 100% de su capital ha sido desembolsado por el Consistorio, y el concejal de Las Artes, Fernando Villalonga, es su presidente— presentó un recurso el pasado 30 de enero contra el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por su jefa, Ana Botella, en el juzgado contencioso-administrativo número 24. ¿La razón? El Consistorio reclama a su propia empresa 14 millones de euros en impuestos no devengados, más otros 1,9 millones de apremio. Y la sociedad no quiere liquidar la deuda. Asegura que de este lío tiene la culpa el Ayuntamiento, su propietario. El grupo municipal de IU tildó ayer el enfrentamiento judicial de “completamente ridículo”.

La historia se remonta al 25 de septiembre de 2008 cuando la Agencia Tributaria de Madrid —que depende de la concejal de Hacienda, Concepción Dancausa— le reclama a Madrid Espacios y Congresos (Madridec) 14,7 millones de euros por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) del inconcluso Centro Internacional de Convenciones de Madrid (el 4% del coste de las obras). Este centro —cuya construcción fue anunciada en 2007 por el entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón— iba a ocupar casi 200.000 metros cuadrados, de los 120 000 estarían bajo tierra, y entre las cuatro torres del paseo de la Castellana. El edificio tendría 10 plantas y serviría para celebrar grandes reuniones y convenciones.

Las obras se iniciaron y se comenzó a horadar 33.000 metros cuadrados, pero todo se paró a causa de la crisis. El proyecto que el entonces alcalde calificó como el nuevo “icono arquitectónico de Madrid” encalló y se convirtió en un gigantesco agujero entre cuatro rascacielos de acero y cristal. Pero los permisos para la obra ya estaban dados, así que el Ayuntamiento —la Agencia Tributaria de Madrid— presentó la factura. Madridec, en octubre de 2008, respondió al Consistorio con una “solicitud de bonificación del 70%”, por lo que solo estaba dispuesta a pagar 4,4 millones. Poco después, y ante la paralización total del proyecto (la llamada Fase II), presentó otra “solicitud de rectificación de la autoliquidación [no abonar los los 4,4 millones que estaba dispuesta a pagar al principio] al “objeto de que se tomara en consideración las circunstancias excepcionales acaecidas que habían llevado al Ayuntamiento a paralizar las obras”.

La Agencia Tributaria rechazó su petición en abril de 2011: estaban obligados a abonar los 14,4 millones. Madritec no se amedentró y recurrió ante el Tribunal Económico Administrativo Municipalen enero de este año. Este tribunal está compuesto por tres funcionarios de alta cualificación que dilucidan “las reclamaciones económico-administrativas” que se puedan originar con respecto a impuestos municipales.

Y dictaminó que la razón la tenía el Ayuntamiento, no su empresa, pero Madritec volvió a recurrir. Ahora, ante el juzgado Contencioso Administrativo número 24. Mientras tanto, como la deuda nadie la pagaba y los intereses crecían, el Ayuntamiento emprendió la vía ejecutiva e impuso un recargo de 1,9 millones.

Un portavoz municipal manifestó anoche que Madritec, tras la llamada de este periódico, había decidido retirar el recurso. “Esta decisión \[de que la empresa denunciase al Ayuntamiento\] la tomarían los servicios jurídicos en su momento para que no se les pasase el plazo de reclamación. Pero todo se va a arreglar y llegaremos a un acuerdo. El recurso se retira”.

Ángel Lara, concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, lo ve diferente: “Esta versión municipal de Kramer contra Kramer evidencia que la descoordinación y el caos en la gestión del equipo de gobierno es tal que hasta para ellos mismos resulta inasumible”. “Que una empresa del Ayuntamiento pleitee con el propio Ayuntamiento ofrece una lamentable imagen al ciudadano de descontrol y de falta de un mínimo entendimiento; en el mejor de los casos se trata de una situación surrealista que bordea, si no supera, el más absoluto de los ridículos”.