Condenado a dos años un exalcalde que se apropió de 47.000 euros

El Ayuntamiento de Aiguaviva (Gironès) tuvo entre 1999 y 2002 un problema del 5%. Era la comisión que se llevaba el alcalde del municipio, Ramon Martínez (CIU), cuando se emitía a sí mismo “sin justificación ni autorización” órdenes de pago ilegales a cargo del erario público. Martínez desvió 47.000 euros en 30 cobros en efectivo, delito por el que la Audiencia de Girona le condenó ayer a dos años de cárcel por malversación de fondos públicos tras llegar el acusado a un pacto con el fiscal. A cambio de declarase culpable y de consignar una primera cantidad para devolver lo sustraído, no ingresará en la cárcel.

El fiscal y la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento aceptaron rebajar la petición de cuatro años y tres meses a dos años de cárcel, y de ocho a cuatro años de inhabilitación a cambio de que Martínez devuelva lo que robó. Este ya ha abonado 30.000 euros y el resto (unos 57.000 euros sumando los intereses) los pagará mes a mes. El hombre insistió ante la prensa en su inocencia, poco después de admitir su culpabilidad en sede judicial. “Pago para evitar todo esto, pero soy absolutamente inocente”, afirmó.

Cobros injustificados

El exalcalde se quedaba con un porcentaje de “todo lo que se ingresaba en la caja”, explicó el abogado de la acusación ejercida por el Ayuntamiento, Manel Mir. Ese porcentaje lo aplicaba a licencias de obras y a la recaudación de tributos. “Decía que iba a trabajar los fines de semana para justificar los cobros”, explicó Mir.

Pero esos cobros no tenían justificación, como detectó la Sindicatura de Cuentas, que le abrió una investigación por orden del Tribunal de Cuentas. Fue un compañero de partido de Martínez quien se percató del caso. Secundino López, que había ido en la lista de número dos, vio con sorpresa que el Consistorio no tenía dinero ni para pagar las nóminas cuando asumió su cargo de alcalde en 2004. Pidió una auditoría para examinar la situación del Ayuntamiento, que fue lo que descubrió el agujero.

Martínez, que fue después concejal en una lista asociada al PSC, fue condenado por el Tribunal de Cuentas en 2010, cuando la responsabilidad ya había prescrito en su mayor parte al haber transcurrido más de cinco años desde que se abrió el procedimiento. El exalcalde solo tuvo que pagar 3.400 euros más intereses. Pero el delito de malversación no había prescrito y la fiscalía decidió presentó la querella que ha acabado en condena.