Menos ofrendas y más dinero

La verdad es lo único que no tiene remedio. Y la verdad de la Comunidad Valenciana es terrible. Una autonomía con su imagen por los suelos, un sistema financiero quebrado víctima de la pésima gestión de sus gestores que, con la inestimable ayuda de unos promotores inmobiliarios, cuando no cómplices, arruinaron las cajas y los bancos sobre los que pusieron sus sucias manos. “Lo peor de lo peor”, dijo el exgobernador del Banco de España de la antigua Caja Mediterráneo (CAM). “A escala, peor que lo peor de lo peor”, afirmó del Banco de Valencia uno de los administradores colocados por el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB); unas élites políticas con escasísima capacidad de influencia en los centros de poder reales, más enredadas en sus miserabilismos partidistas que en resolver los problemas de la gente, amén de un pestilente olor a corrupción por más esfuerzos que hagan los partidos de la oposición —especialmente el PSPV, que no ha criado la fama, pero sí ha cardado la lana— e incluso el actual Gobierno de la Generalitat con Alberto Fabra quien, pese a las complicaciones que tiene y a sus indecisiones (esas idas y venidas de Dora Ibars…), se esfuerza en limpiar el gallinero que le dejaron como herencia, con más voluntad que acierto.

Y, enfrente, además, una sociedad cabreada. Harta de los recortes en sanidad y educación, rabiosa porque no ya sabe dónde gritar para cobrar sus deudas, indignada por la prepotencia de los bancos, desconfiada de sus representantes, desesperada ante los desahucios, cansada de sacrificios inútiles, desesperanzada por tanta austeridad que no conduce a otra parte que no sea a la pobreza. Pero si quedaba algún incauto que, víctima de su voluntarismo, creyó ver una pequeña luz al final del túnel, llegó el ministro Cristóbal Montoro el pasado jueves y le quitó la ilusión con un dato: 3,45% de déficit respecto del PIB regional, cuando el objetivo era de 1,5 y la media española del 1,73%. Traducido en euros: El Consell tiene que ajustar (reducir, recortar, bajar, disminuir) sus gastos en unos 2.100 millones de euros. Dicho para que se entere todo el mundo: menos educación, menos sanidad pública, menos estímulos a la economía productiva, más crisis, más recesión, más paro. Peor calidad de vida, en definitiva.

El mazazo es de tal magnitud, que el Consell intentó justificar el desastre refugiándose en el que ahora es su mantra favorito: la pésima financiación autonómica. Un hecho innegable. Los ingresos per cápita de los valencianos están 211 euros por debajo de la media española, un 12%. La corrección de este desfase supondría que la consejería de Hacienda habría ingresado algo más de 1.000 millones por parte del Estado, cantidad que hubiera servido para acercarse al objetivo del 1,5% del déficit. El Consell arguyó en su defensa que sus ajustes presupuestarios durante el año pasado habían representado para las arcas autonómicas un ahorro cercano a los 2.000 millones, un esfuerzo realmente importante. Pero la amarga verdad política presenta algunas realidades que revelan su falta de influencia política. En esta semana que termina el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha aumentado en 200 millones de euros las entregas de dinero a cuenta a Andalucía, mientras que a la Comunidad Valenciana se las han rebajado en 174. El segundo plan de pago a los proveedores incluye al País Vasco y Navarra, con una financiación per cápita muy superior a la media, y no recoge ninguna sugerencia del Consell para incluir deudas correspondientes a 2012. Por último, mucho más visible y más destructiva, la doble negativa del PP en el Congreso de los Diputados a votar a favor de modificar el actual sistema de financiación autonómico.

Los partidos deberían dejar aparte sus intereses particulares y firmar un pacto por la financiación

Juan Carlos Moragues, consejero de Hacienda, sostiene que el Gobierno de Fabra mantiene sus reivindicaciones, aunque “no de manera tan visible como en otras comunidades autónomas”. La historia de los valencianos está plagada de reivindicaciones prudentes y de fracasos solemnes. No hay que retroceder demasiado en el tiempo para tener presente como la discreción reivindicativa la pasó una seria factura política al socialista Joan Lerma. Más estelar, Eduardo Zaplana, hizo de su visibilidad toda una estrategia, pero los resultados de su gestión le fueron mejor a él que a la Comunidad Valenciana (su modelo de financiación fue un desastre para la Comunidad Valenciana) y Francisco Camps solo fue “corazón de león” ante José Luis Rodríguez Zapatero. Un victimismo estéril que durante un periodo de tiempo le proporcionó réditos en forma de votos, pero que nunca se tradujo en nada tangible. En el PP, ahora, ya nadie osa levantar la voz. Hasta la antaño fiera Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, se comporta cual tímida y comprensiva damisela ante los desplantes que llegan desde Moncloa.

Los políticos se supone que trabajan para modificar la realidad en beneficio de los ciudadanos. Existe un consenso generalizado sobre la necesidad de modificar un sistema de financiación que solo garantiza la ruina. La valenciana es, diga lo que diga el tópico y sientan muchos de sus habitantes, una autonomía pobre, endeudada, de las que menos gasta por habitante y es la única con saldo negativo, pese a que su renta per cápita en inferior a la media y su presión fiscal superior. Estos son datos, no sentimientos ni emociones tan gratos a los partidos nacionalistas. No parece que fuera descabellado exigir a todas las fuerzas políticas y sociales, puesto que están todos de acuerdo, que firmen un acuerdo con un solo punto: Reclamar al Gobierno central la modificación urgente del sistema de financiación. Hay, sin embargo, una condición previa: Alberto Fabra debe ser el primero en coger la pancarta. Sin una iniciativa semejante, seguiremos ofrendando a España dinero, no glorias. Pero será a costa de nuestra ruina.

Resulta difícil saber quién puede beneficiarse del miserabilismo político actual; pero está claro quienes pierden: los ciudadanos. Los ajustes solo pueden llegar por la vía de suprimir servicios públicos o aumentar los impuestos. O ambas cosas. Los paganos son los mismos.