Opacos hasta el ridículo

Los gobernantes son reacios a rendir cuentas sobre los asuntos de interés público que no sean propagandísticos de sus propias excelencias. Es una regla universal con pocas excepciones. En los regímenes dictatoriales resulta obvio que ni siquiera se plantee el pedir explicaciones, pero entre los democráticos se pueden contar con los dedos de una mano aquellos que practican una transparencia aceptable. Los demás, la inmensa mayoría, padecen esa patología que es la opacidad, desdeñar a los ciudadanos y mentir. Y aun entre estos cabe constatar matices y diferencias según el grado de cerrazón. El Gobierno valenciano del PP figura como es notorio en el pelotón de los más herméticos. Desde que en 1995 ocupó el poder creyó ser el rey del mambo, se cerró en banda, se ciscó en sus críticos y manipuló a su antojo la información. Un blindaje que, como hemos visto, abonó la corrupción desmadrada, se llevó por delante a un presidente y acabará con la hegemonía del partido.

El molt honorable Alberto Fabra y su hombre fuerte, el vicepresidente José Ciscar, parecieron ser conscientes de que este era uno de los graves lastres del Gobierno. Apenas ocuparon sus poltronas dieron pie a pensar que se amortizarían algunas corruptelas decantadas por la chulería que, al modo de Juan Palomo, habían venido primando en la gestión de los asuntos públicos. Por lo pronto cabía esperar que se acotase el secretismo imperante, tanto en torno a las iniciativas políticas de gran alcance como en las menores. En ningún caso estaba justificada tanta reserva y “cláusula de confidencialidad” en los contratos que suscribe el Gobierno, ni tampoco tanto desdén y respuesta evasiva para con las inquisitivas y obligadas preguntas que le formula la oposición, que para eso está.

Tenemos sin embargo la impresión de que los mentados gobernantes han fracasado, cuando menos hasta ahora, vencidos por las inercias o consignas que rigen en la Administración autonómica. A la portavoz adjunta de Compromís en las Cortes, Mònica Oltra, se le ha negado recientemente el acceso al expediente sobre la licencia de actividad del hospital La Fe, de la que este centro carece a pesar de estar en servicio. Falta el preceptivo informe de los bomberos, y eso es, precisamente, lo que pretendía compulsar la síndica para aquilatar la importancia de las deficiencias o lagunas que explican esta irregularidad fundamental en un inmueble de tal volumen y función.

Este es tan solo un ejemplo entre los cientos y cientos de peticiones de información que los diputados han venido formulando al Gobierno. Ya fuera sobre el hundimiento del techo del colegio Lluís Vives, los profesores de religión, las dietas por desplazamientos, el viaje del Papa, el circuito urbano, RTVV y un largo etcétera, la respuesta se compendia casi siempre afirmando que todo está tramitado conforme a ley. Un latiguillo ridículo con el que no se responde, como si quien pregunta no fuese un o una representante de los presuntos soberanos y quien contesta se amparase legítimamente en una patente de corso para hacer y decir lo que le viene en gana.

Los reiterados fallos condenatorios de los tribunales Superior de Justicia y del mismo Constitucional no han enmendado esta arrogancia y recursos de leguleyo que practica el PP valenciano, ni hay motivos para confiar en la prometida Ley de Transparencia y Acceso a la Información y buen Gobierno. Una norma que al remedo de demócratas que nos gobiernan debe sonarles a chino.