La Cámara delega en Kontsumobide la solución de las aportaciones subordinadas

El Parlamento ha dejado en manos del Instituto vasco de Consumo, Kontsumobide, la búsqueda de soluciones a las reclamaciones de las personas afectadas por las aportaciones subordinadas de dos importantes cooperativas vascas, Eroski y Fagor. Evitó así aprobar un texto en el que se reclamara la devolución de las cuantías a los en torno a 40.000 afectados, que invirtieron 845 millones de euros en estos bonos.

Pese a la devolución del dinero reclamada por el proponente de la iniciativa, Gorka Maneiro, por el PSE y —solo inicialmente— por EH Bildu, la Cámara apostó por una solución intermedia, pactada por el bloque nacionalista. La coalición, los socialistas y UPyD coincidieron en que en la pasada década se engañó a los consumidores al venderles productos financieros. Maneiro habló de “fraude generalizado” porque a los clientes no se les había informado correctamente de que eran títulos de deuda perpetua que únicamente se devolverían si se liquidaran las cooperativas. El portavoz socialista Txarli Prieto tildó la colocación de estos productos de “práctica abusiva de las entidades financieras” que vendieron el producto de las dos cooperativas.

Pese a coincidir en el diagnóstico, PSE y UPyD criticaron a EH Bildu, que se desdijo respecto a lo planteado en la enmienda a la totalidad que había presentado semanas atrás, en la que reclamaba la devolución de las cuantías. Ambos se preguntaron qué intereses tiene EH Bildu para el giro que dio en su reclamación.

La parlamentaria Leire Pinedo enfocó su discurso en que se trata de un problema de vulneración de derechos de los consumidores y que, por tanto, debe ser tratado por Kontsumobide. Y argumentó su giro asegurando que EH Bildu había decidido no “limitar” las soluciones a una sola después de escuchar las distintas salidas al problema esbozadas por las plataformas de afectados el pasado lunes en el Parlamento.

El resultado es que la Cámara aprobó, con los votos a favor de los dos principales grupos parlamentarios, la abstención de PP y UPyD y el voto en contra de PSE, que Kontsumobide “intervenga de oficio” para resolver los conflictos y aclarar si “la información ofrecida fue suficientemente concreta y clara” y que actúe para “encontrar soluciones a las reclamaciones de devolución de la inversión de los afectados”.

A juicio de Prieto, este texto es el resultado de que el flanco nacionalista no haga una “clara defensa de los afectados”. La plataforma de afectados Adicae censuró que la resolución deja la solución a este problema “en manos de las propias entidades que vendieron” las aportaciones y Eroski mostró su “satisfacción” por el texto aprobado y se mostró dispuesto a “colaborar activamente” para explicar que ha cumplido con la ley.

Desde el PNV Luis Javier Tellería planteó que existe una “duda razonable” sobre la desinformación de los afectados y señaló que “una parte relevante” de ellos eran “suficientemente conocedores de lo que estaban comprando”. De los 12.200 de Caja Laboral, según sus datos, más de la mitad de los saldos son de clientes “conocedores del producto y con experiencia inversora”. Palabras que contrastan con las declaraciones de Prieto, que destacó que “se les llegó a ir casa por casa” para vender el producto y que había “desconocimiento” sobre el producto.

El parlamentario del PP, Antón Damborenea, subrayó que los cooperativistas que invirtieron en estos bonos no pueden decir que fueran fraudulentas porque “aprobaron que fueran en esas condiciones” en asamblea.