La UE confirma una multa de 27 millones al País Vasco por las ayudas FEDER
Quedan rechazados los recursos de España que afectan a varias comunidades autónomas
El Tribunal General de la Unión Europea (UE) ha confirmado las multas impuestas por la Comisión Europea (CE) a España en 2009 y 2010 por irregularidades en el uso de los fondos de desarrollo regional, FEDER, asignados a tres comunidades autónomas, entre ellas Euskadi, a la que correspondieron 27 millones. La máxima instancia judicial comunitaria ha desestimado los recursos presentados por el Gobierno español contra las sanciones impuestas a Andalucía, la Comunidad Valenciana y Euskadi por el uso de esos fondos.
Tras detectar dichas irregularidades la Comisión decidió reducir en 219 millones de euros las ayudas regionales asignadas a Andalucía, en 115 millones las de la Comunidad Valenciana y en 27 millones las del País Vasco.
En los casos de Andalucía y Valencia, los fondos correspondían al período 1994-1999, y se integraban en el “Objetivo 1” del FEDER, destinado al ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas. Por su parte, las ayudas del programa operativo “País Vasco” correspondían al período 1997-1999 y pertenecían al “Objetivo 2” o reconversión económica de las zonas industriales en declive.
La Comisión decidió investigar varios programas y auditar las ayudas y apreció “numerosas irregularidades”. Los errores constituían principalmente infracciones de la normativa de la UE sobre contratación pública, como la modificación de contratos iniciales y la adjudicación directa de obras complementarias sin realizar una nueva licitación.
También se detectaron casos de adjudicación de contratos utilizando criterios supuestamente irregulares, así como la no publicación de anuncios de licitación en el Diario Oficial de la UE, entre otras infracciones de las normas aplicables en el ámbito de los Fondos estructurales.
Después de tratar el asunto con las autoridades españolas, la Comisión decidió reducir la ayuda del FEDER concedida para los programas operativos de cada una de estas tres comunidades, extrapolando al conjunto de éstos los “errores sistemáticos” que consideraba haber detectado al examinar las muestras.
España presentó tres recursos contra dichas decisiones ante el Tribunal General, pero este los ha rechazado sistemáticamente.
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