El juez admite a trámite una querella de Ara Reus contra Prat y Manté
El partido cree que los pagos son un delito de estafa y desvío de fondos públicos
El juzgado de instrucción número tres de Reus (Baix Camp) admitió ayer a trámite la querella presentada por el partido Ara Reus contra Josep Prat, expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y exdirector de Innova —el holding empresarial del Ayuntamiento de Reus—, y Carles Manté, exdirector del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), según informó la formación. Ambos están imputados por los pagos presuntamente irregulares que Innova hizo a Manté entre 2007 y 2011 por un total de 720.120 euros (sin IVA). Ara Reus, en la oposición con dos ediles, llevó el caso a los tribunales en junio de 2012, pero el pasado 19 febrero los abogados de Prat y Manté forzaron la suspensión de las declaraciones del interventor y el secretario del Ayuntamiento de Reus por “un defecto de forma” en la denuncia, admitieron fuentes del partido.
El abogado del exdirector del CatSalut, David Rocamora, solicitó que la formación presentase una querella y depositara una fianza, en lugar de la denuncia inicial. Entonces, según explicó Ara Reus, sus letrados redactaron inmediatamente el trámite formal personándose en calidad de acusación particular, alegando que los dos regidores de Ara Reus, Jordi Cervera y Misericòrdia Fargas, son parte perjudicada en el proceso y miembros de los consejos de Innova. El juez ha admitido la querella, sin solicitar fianza, aunque Prat y Manté tienen cinco días para presentar alegaciones.
Los ediles de Ara Reus se mostraron ayer “convencidos” de que la justicia no los dejará fuera del caso
Los ediles de Ara Reus se mostraron ayer “convencidos” de que la justicia no los dejará fuera del caso. Cervera, además, volvió a pedir al Consistorio que se adhiera al proceso y se persone como parte perjudicada. Ara Reus llevó el caso a los tribunales tras desvelar EL PAÍS la existencia de más de 50 facturas por las que Innova pagó durante años a Manté 13.000 euros mensuales a cuenta de “honorarios de consultoría estratégica”. Todos los pagos habían sido autorizados por Prat como máximo ejecutivo de Innova y fueron canalizados a través de la empresa CCM Estratègies i Salut, propiedad de Manté y su esposa. Ara Reus considera que los pagos suponen los delitos de estafa, desvío de fondos públicos y presunto cobro de facturas irregulares por servicios que no se han llevado a cabo. Mientras que Ara Reus llevó el caso directamente al juzgado, el Ayuntamiento de Reus trasladó también estos pagos a la fiscalía, así como la CUP de Reus.
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