El juez pide los documentos sobre la adjudicación del nuevo Sant Pau

El juez que investiga las presuntas irregularidades en la gestión del hospital de Sant Pau ha pedido nueva documentación para aclarar el sobrecoste del nuevo centro hospitalario. El magistrado Juan Emilio Vila Mayo da cinco días a los responsables del hospital para que aporten toda la documentación sobre la adjudicación de las obras a la UTE integrada por las empresas OHL, Emte y Guinovart. Las obras del nuevo centro, que se inauguró en 2009, acumularon una desviación presupuestaria de 77 millones (de los 216 previstos a 293) tras una serie de modificaciones, errores y retrasos, según consta en la ampliación de la denuncia interpuesta ante el juez por la Asociación Profesional de la Enfermería (API).

En esa ampliación de la denuncia, el abogado Vicente López Mourelo detalla que dos de las fases de construcción "no fueron sometidas a licitación y se adjudicaron directamente a la UTE que realizó las obras". El juez quiere saber ahora cómo se procedió en la adjudicación. Hace dos semanas, ya solicitó al Sant Pau que aportase los libros diarios de contabilidad y los registros desde el año 2000. Estudiar la adjudicación es "primordial", según el juez, para avanzar en la investigación, que "de otra manera quedaría frustrada". El magistrado acaba de recibir, en ese sentido, un informe de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat.

El sobrecoste del Sant Pau es una de las tres líneas de investigación que mantiene abiertas el juez. Las otras son, detalle el juez en el auto, el ingreso de los fondos en las distintas fundaciones en las que está articulado el Sant Pau y la existencia de supuestos contratos ficticios de altos directivos. En un segundo auto, el juez pide al Sant Pau que aporte "la relación de patronos, gerentes, adjuntos a gerentes, directivos y otros empleados de alta dirección" del hospital y que detalle los cometidos que cada uno de los investigados llevaba a cabo.

Hace dos semanas, el juez imputó a cinco excargos del Sant Pau; tres de ellos fueron beneficiarios, presuntamente, de cobros indebidos: el exgerente adjunto Ricard Gutiérrez; el expatrono José Ignacio Cuervo y la facultativa Mercè Cruells. Sobre todos ellos, el magistrado ha pedido a la Agencia Tributaria los datos de sus declaraciones al fisco de los ejercicios 2011 y 2012. Y ha exigido a la Oficina de Trabajo de la Generalitat que aclare la naturaleza de sus contratos.