Un acuerdo reduce las penas para 50 acusados de fraude a la Seguridad Social

Medio centenar de acusados de formar parte de un entramado de empresas falsas que defraudaron un millón de euros a la Seguridad Social, en Granada, ha aceptado un acuerdo por el que se reducen de nueve a tres años de prisión el máximo de penas impuestas. El principal acusado se puso de acuerdo con familiares de su entorno, esposa, hermana, madre y cuñada, para urdir un plan “directamente encaminado a conseguir de manera fraudulenta y mediante engaño” la obtención de prestaciones sociales y subsidios por desempleo.

A cambio de dinero, las empresas falsas daban de alta a trabajadores ficticios para más tarde despedirlos y después poder cobrar subsidios. Los acusados aceptaron los hechos, con las modificaciones que realizó Fiscalía, por lo que el cabecilla de la trama, E.S.R., ha sido condenado a tres años de prisión (de inicio pedía nueve el fiscal) por un delito contra el sistema de la Seguridad Social. Seis mujeres, entre las que están su mujer, su hermana, su madre y su cuñada, deberán hacer frente a dos años de cárcel por otro delito contra la Seguridad Social.

A todos ellos se les prohíbe percibir subvenciones o ayudas sociales por cinco o tres años, según el caso. La fiscal ha retirado la acusación contra un toxicómano y un chatarrero, que en inicio estaban entre los nueve principales acusados, ya que les imputaba haber dado de alta a las dos empresas fantasmas de las que se valieron el resto para defraudar. La fiscal aclaró que no tenían conocimiento de la constitución de dichas empresas y desconocían su papel de administradores, por lo que retiró los cargos.

Para el resto de implicados, el ministerio público ha reducido la prisión de tres años a nueve meses, que incluso se queda en tres para dos que han abonado íntegramente las cantidades percibidas indebidamente. Les será descontado a todos el tiempo que han cotizado de forma ilegal. El fraude se cometió entre los años 2005 y 2011.

El acuerdo se ha producido en la primera de las 24 sesiones que había previstas, hasta abril, al aceptar la conformidad las defensas y acusaciones que ejercían Abogacía del Estado y Seguridad Social. Durante los minutos en los que los 50 acusados dijeron “acepto”, “sí” o “estoy de acuerdo” con los términos expuestos por la fiscal, el tribunal de la sección segunda de la Audiencia de Granada tuvo que llamar la atención a los procesados por las risas de algunos de ellos.