'Lobbies' económicos y soberanismo

Hoy hace un mes que el Parlament de Cataluña aprobó, por 85 votos a favor, la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña. En este breve período han habido muchas reacciones (críticas las más ruidosas) sobre el contenido de la resolución parlamentaria, como las que han expresado Foment del Treball, el Cercle d'Economia y los presidentes de las dos grandes entidades financieras catalanas.

Si bien es cierto que en momentos de malestar político y de desorientación gubernamental es fácil atreverse a dar recetas mágicas para mejorar el funcionamiento de la res publica, es paradójico que en tiempos de profunda crisis económica los empresarios catalanes dediquen más energías a realizar recomendaciones políticas que a reconocer y enmendar los errores cometidos en el pasado. En un pulso entre la voluntad democrática y los negocios privados, los lobbies económicos de Cataluña tratan de influir dando argumentos supuestamente técnicos contra decisiones parlamentarias que en realidad ofenden su ideología.

El acto de afirmación antisoberanista que quiso organizar Foment del Treball la semana pasada fue un fiasco significativo: provocó el plante de la Cambra de Comerç de Barcelona, de Pimec y del Cercle d'Economia, y evidenció una profunda división en el empresariado catalán. Una vez más, la patronal más antigua de Europa se ha mostrado políticamente torpe y sumisa a las consignas de la patronal española, y no es ninguna novedad que el presidente de Foment, Joaquim Gay de Montellà, y el presidente de la CEOE, Juan Rosell, muestren una escasa sensibilidad catalanista.

Parece ser que la hoja de ruta convergente ha olvidado garantizar los beneficios a CaixaBank y al Banco de Sabadell

El Cercle d'Economia elaboró el documento Crisis económica y conflicto político, reflexiones después del 25-N, que en su análisis económico es un cúmulo de obviedades y en la valoración política presenta un discurso dicotómico en contra del ejercicio del derecho a decidir de los catalanes y a favor de la Constitución española, en contra del pacto de legislatura entre CiU y ERC y a favor del diálogo entre el gobierno del PP y el de CiU. Por otro lado, en el documento del lobby que preside Josep Piqué no se mencionan las medidas fiscales acordadas por el Gobierno español (se critican, en cambio, las adoptadas por el Gobierno catalán), ni los incumplimientos del Estado, ni el ahogo financiero al que está sometida Cataluña, ni tampoco las relaciones de corrupción entre el mundo empresarial y el político. No se pueden dar soluciones sin identificar el problema.

Finalmente, los presidentes de las dos principales entidades financieras catalanas también se han apresurado a dar consejos políticos y a pedir diálogo entre gobiernos, que se respete la ley y que se recupere la negociación del pacto fiscal como alternativa a la vía soberanista liderada por Artur Mas. Parece ser que la hoja de ruta convergente ha olvidado garantizar los beneficios a CaixaBank y al Banco de Sabadell, ya que estas recomendaciones políticas se hicieron en las ruedas de prensa de presentación de los resultados de 2012 de las respectivas entidades financieras. Tras exhibir sus multimillonarios beneficios económicos ante las narices de miles de familias que han sido desahuciadas, de personas mayores de 65 años abandonadas a la suerte del capitalismo salvaje, de una cuarta parte de la población catalana en paro y de otro tanto que vive por debajo del umbral de pobreza, manifestaron, para mayor escarnio, que sus entidades bancarias pasaron un annus horribilis. No es ni ético, ni estético (y no lo arregla ni la obligada acción caritativa de la obra social).

Fainé y Oliu, y nuestros gobernantes, deberían preguntarse por qué si el sistema capitalista genera al mismo tiempo grandes beneficios privados y mayores perjuicios sociales, no se utilizan los primeros para evitar los segundos. Y si los presidentes de nuestras entidades financieras, como afirmaron "humildemente", quieren servir a la sociedad ¿por qué no proponen a nuestros políticos que eviten estos contrastes intolerables e inmorales entre las desorbitadas ganancias privadas y la miseria pública? Deberían preocuparse más por una reacción social en contra de esta iniquidad que por el derecho a decidir del pueblo catalán.

Jordi Matas Dalmases es catedrático de Ciencia Política de la UB.