“No hay costes morales ni penales para los corruptos”

Alejandra Gómez Céspedes (México D. F., 1970) lleva más de 12 años investigando delitos económicos en España. La Universidad de Málaga la invitó en pleno boom inmobiliario para indagar las consecuencias de ese crecimiento desaforado. Su trabajo ha servido de avanzadilla de actuaciones policiales tan célebres como el caso Malaya o, más recientemente, el caso Acinipo, centrado en el municipio de Ronda. Licenciada en Filología Inglesa, ahora emprende una nueva etapa profesional. Se postula como investigadora en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Pregunta. ¿Después de 12 años por qué decide dejar España?

Respuesta. Porque a día de hoy no he tenido oportunidad de trabajo permanente. Si no puedo desarrollar aquí mi carrera, tendré que hacerlo fuera.

P. ¿Cree que la Ley de Transparencia incluirá a los partidos políticos y a la Casa Real?

R. El hecho de no incluirlos aportaría poca legitimidad a esa norma, no es buen pronóstico que, de antemano, se limiten las instituciones a las que se pueda tener acceso.

P. ¿Deberían prohibirse las aportaciones de empresas a partidos políticos?

R. No me parece mal que las empresas hagan aportaciones, lo que me parece mal es que no esté regulado. Debería reformularse de qué manera se hace y hasta qué cantidad.

P. ¿Cree que la economía sumergida forma parte de la idiosincrasia de la sociedad española?

R. Sí, no hay duda de que existe un mercado negro no regulado. Del mismo modo, no creo que la financiación ilegal de los partidos sea un reflejo de nuestra sociedad, no creo que una cosa se relacione con la otra.

P. ¿Cómo se combate la economía sumergida?

R. Simplemente aplicando las normas. Creo que las regulaciones de la Agencia Tributaria no se emplean de la forma en que debieran. Teniendo en cuenta que tienen una fuente muy importante de datos. Sencillamente lo que se tiene que hacer es trabajar de forma institucional y conjunta, que encuentren sinergias para llegar a objetivos comunes, y que se empiecen a cruzar datos.

P. ¿Qué debemos aprender de otros países más avanzados en la regulación del derecho de acceso a la información?

R. No sé si están más avanzados. Podríamos hablar de países democráticos en los que cualquier ciudadano puede acceder a información pública. Lo que aquí ocurre es que hay que rebuscar para encontrar la información, aunque sea pública. Las instituciones deben dejar de tener una política individual con respecto a la información, debería de estar regulada de forma homogénea.

P. ¿Qué información pública es más difícil de conseguir?

R. Cuesta mucho encontrar la estadística policial. Al estudioso de esa materia le resulta muy difícil trabajar con esa información.

P. ¿La complicación surge por los plazos o porque le niegan los datos?

R. Los datos están, pero los publican previamente analizados. De nada nos sirve tener datos de porcentajes, lo que necesitamos es tener acceso a los datos puros que maneja el Ministerio del Interior. Básicamente lo que hacen los científicos sociales es proponer políticas públicas para la reducción de ciertos delitos. Si no se tienen esos datos, no se puede trabajar.

P. ¿Qué opina de la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno?

R. Una tomadura de pelo. Si realmente lo que queremos es gravar a la gente con recursos, me parece irónico y antagónico que se permita que regrese el capital sin preguntas. No es una política que yo apruebe.

P. Como experta en delitos económicos, ¿a qué le huele que Bárcenas tenga 22 millones de euros en Suiza?

R. A que han fallado todos los controles. Si una persona común, que empieza a trabajar para un partido y en 20 años acumula una cantidad de millones así, me pita la sirena roja inmediatamente. Como profesional de la delincuencia económica sería uno de los casos que no dejaría pasar.

P. ¿Por qué cree que se ha producido ese descontento con la clase política?

R. Porque la clase política ha dado muestras de su total falta de legitimidad. Con estos acontecimientos, lo realmente grave no es que se pierda la confianza en la clase política, sino en las instituciones y en el Gobierno.

P. ¿Qué se puede hacer para conseguir una reconciliación?

R. Tomar el toro por los cuernos, hacer una reforma verdaderamente profunda y no salir del paso sacrificando una o dos personas. Creo que es una oportunidad increíble para tomar una posición de liderazgo. Y que no afecte solo a la clase política. Estamos hablando también de la influencia política que tiene la judicatura, la falta de profesionalidad que tienen algunas instituciones que están encaminadas a velar por la buena regulación de las normas (...) Lo que no parece haber es algún tipo de coste, es decir, costes morales o penales para los corruptos.

P. ¿Sigue existiendo riesgo de detección de crimen organizado en municipios?

R. Claro que hay peligro, obviamente. El tejido social, político, administrativo y sobre todo, el empresarial, le da la bienvenida a quien venga con dinero contante y sonante. Ahora, eso puede venir de la mafia rusa o de cualquiera. Hay casos, como el que investigué en Ronda relacionado con la finca Los Merinos, en los que se allanan todo tipo de obstáculos administrativos para que venga la gente a invertir. Tenemos la obligación de conocer la reputación de las personas que están detrás del capital y cuál es el origen del mismo.

P. ¿Cómo se puede luchar contra estas situaciones?

R. Es una buena cuestión, porque los principales actores son precisamente la clase política. Yo he tenido una buena experiencia por parte de la ciudadanía en Ronda, de gente que lucha hasta que consigue que esto se pare. Tampoco quiero delegarles esa responsabilidad, pero sí creo que la sociedad puede conseguir que ciertas actuaciones no salgan adelante.