El Gobierno presenta como perito a un responsable de la gestión del ‘Prestige’

“Ya tuve yo que aguantarles a ustedes en mi declaración del 16 y 17 de noviembre de 2002”. “No sea faltón conmigo”. La primera afirmación es de Francisco Alonso, excomisionado del Ministerio de Fomento para la catástrofe del Prestige, que ayer compareció ante el tribunal de A Coruña como perito del Gobierno, a la vez demandante y acusado en esta causa. El ruego, reiterado, es de José María Ruiz Soroa, abogado del capitán del petrolero y principal acusado, Apóstolos Mangouras. Y éste es sólo un ejemplo del rifirrafe en tono más propio de un debate parlamentario que de una vista judicial que ambos protagonizaron ayer en una de las sesiones más broncas desde que comenzó el juicio hace más de tres meses.

No fueron los representantes de la naviera y el capitán del petrolero los únicos letrados que cuestionaron ayer que declarase en el juicio en calidad de perito y no como testigo una de las personas que, como funcionario de Fomento y ascendido en plena catástrofe, participó de forma directa, en puestos varios, en la gestión y operativo del Gobierno para afrontar la marea negra.

Alonso, jefe de Salvamento Marítimo del puerto de A Coruña cuando se accidentó el barco en noviembre frente a Fisterra, ascendido un mes más tarde a capitán marítimo y el 30 de enero a comisionado de Fomento, participó como técnico y luego mando en todo el operativo del Gobierno para hacer frente a la catástrofe. No en vano se remitieron a él varios de los principales exaltos cargos de Fomento cuando testificaron en el juicio, incluido otro de los principales acusados, el exdirector de Marina Mercante José Luis López-Sors.

El excomisionado fue uno de los tres representantes enviados sin avisar al juzgado que instruía el caso a bordo del petrolero, un día antes de partirse y hundirse, en busca de documentación que el Ejecutivo tardaría más de dos meses en remitir al juez. La Audiencia de A Coruña criticó con firmeza esa demora y restó valor a esos documentos como pruebas para la vista oral. Alonso, que siempre se caracterizó por acusar a la naviera y mandos del Prestige de haber ocultado el mal estado del viejo petrolero para obtener los permisos para navegar, también integró la misión submarina, en agosto de 2003, para recabar pruebas sobre el pecio que demostrasen su mal estado inicial mucho antes de su accidente.

Se hicieron mediciones de parte de las chapas del barco “que no eran muy fiables”, admitió ayer Alonso. El tribunal coruñés está a la espera de recibir el vídeo de esa misión que el Gobierno omitió remitir, pese a que sí lo utilizó como prueba clave en su fallida demanda en Estados Unidos contra ABS, la clasificadora del Prestige. El exmando de Fomento desveló ayer que el Gobierno incluso se planteó organizar otra misión submarina para extraer piezas del pecio, pero al final desistió por su coste, unos 12 millones de euros.

Ayer, en el juicio, Alonso, en calidad de jefe de máquinas de Marina Mercante, y el ingeniero naval David Alonso Mencía comparecieron para defender un informe sobre el accidente que el Ejecutivo presentó en 2005 ante la Organización Marítima Internacional. Sus contradicciones fueron duramente criticadas por los letrados de la naviera y mandos del petrolero.