La Generalitat corrige y rebaja el déficit del año pasado otras tres décimas

Cataluña cerró 2012 con un déficit del 2% del Producto Interior Bruto (PIB), tres décimas por debajo de lo que arrojó la liquidación provisional realizada el mes pasado. Así lo ha explicado este mediodía el consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, que ha acudido al Parlament para dar cuenta de los objetivos de esta legislatura. La cifra del déficit del 2,3% ya supuso un agrio enfrentamiento entre la consejería y el Ministerio de Hacienda, que sostenía que los datos que estaban a su disposición señalaban que Cataluña había cerrado 2012 con un desfase inferior al declarado. Aun así, el objetivo alcanzado, que supone haber reducido el déficit a la mitad en un año, es todavía cinco décimas superior al objetivo del 1,5% del PIB fijado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En todo caso, eso permitirá a Mas-Colell, que no ha descartado que la cifra final de la Intervención General del Estado sea incluso inferior, ahorrarse 600 millones de euros en recortes para este año.

El día antes de que la Comisión Europea decida si flexibiliza el calendario del proceso de consolidación fiscal para España, Mas-Colell ha esbozado ya varios escenarios de cara a reclamar al ministerio de Hacienda que relaje también los objetivos de déficit de las comunidades. Así, si la Comisión recorta la meta para este año a una horquilla de entre el 5,5% y el 6% del Producto Interior Bruto (PIB), el Ejecutivo catalán estima que la de las comunidades debería situarse entre el 2% y el 2,2% del PIB. “Un presupuesto del 0,7% sería simplemente monstruoso y no sabría cómo hacerlo”, ha denunciado el consejero. Aun así, Mas-Colell ha advertido de que las políticas de austeridad “que vienen de Europa” requieren de “esfuerzos” y “sacrificios”. “Este trance lo tendremos que pasar juntos, desde el Gobierno y desde la sociedad civil”, ha reclamado de nuevo el titular de Economía.

El consejero de Economía ha recordado que el pasado 25 de enero ya remitió una carta al vicepresidente de la Comisión Europea, Olli Rehn, en la que exponía los esfuerzos de reducción de gasto del Ejecutivo catalán, del 15,7% en dos años, y mostraba su compromiso con la estabilidad presupuestaria, si bien advertía sobre del “peligro de descenso en espiral” que perjudicaría al conjunto de la economía europea. Mas-Colell ha vuelto a denunciar hoy “la irracionalidad de la distribución” de las metas que “impone el Gobierno central”. Mas-Colell, además, ha denunciado que el actual reparto de los objetivos supone un incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Según su metodología, ha señalado el consejero, las comunidades deberían cerrar 2013 con un déficit del 1,7% del Producto Interior Bruto (PIB), en lugar del 0,7% actual.

Por último, el consejero también ha pedido avanzar en la creación de la Hacienda catalana que permita a la Generalitat luchar contra el fraude fiscal. “Actualmente, la posibilidad de actuación de la Agencia Tributaria de Cataluña es limitada, puesto que más del 90% de los tributos generados en Cataluña los gestiona la Agencia estatal”, ha apuntado el consejero, quien ha recordado que la Generalitat ya ha creado la secretaría de Hacienda para realizar el despliegue de la agencia catalana para que, “llegado el momento”, la Generalitat “asumas” unas “responsabilidades” que ahora no tiene.

El diputado de ERC, Pere Aragonès, ha fijado como prioridades para la consejería la conversión del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) en un banco público, de modo que debería tener “ficha bancaria” para operar en los mercados, y la creación de la Hacienda catalana. Esquerra, que impuso una batería de medidas fiscales para investir a Artur Mas como presidente de la Generalitat, ha afirmado que parte de los ajustes que deberán hacerse son “responsabilidad de Madrid”. “Eso no quiere decir que no debamos examinar los ámbitos de decisión directa, que no es necesario negociar al Gobierno del Estado”, ha matizado. Por ello, Aragonès ha pedido llegar a dos acuerdos con todas las fuerzas parlamentarias: buscar “el máximo” de ingresos posibles y fijar prioridades cuando se vaya a reducir gasto y decidir qué recortes serán temporales.

El portavoz del PSC en el Parlament, Maurici Lucena, ha criticado que Mas-Colell “no haya dedicado ni un solo segundo” al proyecto de Presupuestos que el consejero deberá llevar al Parlament el mes que viene. Lucena ha arremetido contra Mas-Colell porque “por tercer año consecutivo” se ha tenido que prorrogar los Presupuestos, lo cual ha supuesto un gran “coste económico y financiero”. Pedro Chumillas, diputado del PP, ha cargado contra Mas-Colell por acudir a Bruselas directamente y por culpar al Gobierno central por los problemas financieros de Cataluña. “Cualquier cosa que haga el Gobierno va a ser criticado desde Cataluña”, ha lamentado. En cambio, el diputado de ICV-EUiA Josep Vendrell ha puesto énfasis en que el ajuste se está ejecutando “a costa de las clases populares”. Vendrell ha inquirido a Mas-Colell sobre las medidas que contemplarán los Presupuestos, en concreto, si piensa privatizar la sanidad privada y cerrar escuelas a la vez que mantiene las ayudas a colegios privados que segregan por sexo.

Los ecosocialistas han sacado a relucir la deuda que la Generalitat mantiene con entidades sociales y culturales, que la formación estima en 1.500 millones, a razón de 800 millones que debe a los hospitales concertados, 200 millones al sector cultural, 20 millones a las ONG de ayuda al desarrollo y 435 millones a entidades no lucrativas que se dedican a los servicios a las personas.”Queremos saber si tiene un plan de pagos”, ha preguntado Vendrell. Jordi Cañas, diputado de Ciutadans, también ha criticado que Mas-Colell no haya pronunciado “ni una sola palabra” sobre los Presupuestos y las medidas fiscales acordadas con ERC. “La Generalitat como Administración pública está en quiebra”, se ha quejado. El diputado de las CUP Quim Arrufat ha afeado a Mas-Colell que anunciara los ajustes de 4.000 millones de euros justo después de las elecciones, lo cual ha calificado como “fraude democrático”, y ha recordado que la primera lealtad de la Generalitat debe corresponder a la ciudadanía y no a los mercados.