Imputan a un perito de la Generalitat por el ‘corralito’ de L‘Aldea

La juez que investiga el colapso de la sección de crédito de la Cooperativa Agrícola de L'Aldea (Baix Ebre), ocurrido el 1 de diciembre del 2011, imputó este lunes a uno de los tres peritos de la Generalitat encargados de analizar las cuentas de la entidad cuando esta quebró. El Departamento de Economía del ejecutivo catalán envió a tres técnicos inmediatamente después del corralito para evaluar la crisis de la sección de crédito. En los días posteriores al colapso, los peritos de la Generalitat realizaron un informe en el que se establecían posibles causas del bloqueo de las 1.190 cuentas de los impositores y de los problemas económicos de la cooperativa, explicó el Gobierno catalán. Ayer dos de ellos declararon en el juzgado de instrucción número 1 de Tortosa (Baix Ebre) como testigo dentro de las diligencias previas iniciadas por la juez tras la querella presentada por la junta de cooperativa. Sin embargo, durante el interrogatorio la juez acabó imputando a uno de los peritos de la Generalitat, Ramon Cortacans, quien será citado a declarar de nuevo.

Fuentes del departamento de Economía defendieron ayer el trabajo llevado a cabo por el técnico y declararon no haber recibido la comunicación oficial del juzgado. Sin embargo, según otras fuentes, en 2007 el técnico ya participó en una auditoría de la entidad que acabó archivándose, aunque presuntamente ese año ya se habían detectado irregularidades en la cooperativa. Otras tres personas también están imputadas por el momento: el exgerente de la sección de crédito, Daniel Ferré, el exdirector, Enric Sabaté, además de la empresa auditora BDO, que había trabajado con la cooperativa.

Cuando la crisis se precipitó, gran parte de los vecinos de L'Aldea, donde residen 4.300 habitantes, se quedaron sin acceso a sus ahorros y a sus cuentas corrientes. En la actualidad la entidad se encuentra en concurso de acreedores y siguen bloqueados 4,7 millones de euros depositados entre 250 y 300 cuentas de sus socios, calcula la Generalitat. El Juzgado Mercantil número 1 de Tarragona ordenó el embargo preventivo de los bienes de Ferré por falta de activos en la entidad. Según se reflejó en una auditoría realizada por una consultora de Lleida tras la quiebra, Ferré retiró 160.000 euros de la sección de crédito pocos días antes de precipitarse el corralito. La anterior junta de la cooperativa también acusó a Ferré de ocultar pérdidas entre 2010 y 2011, falsear facturas, realizar inversiones “injustificadas” en placas solares, fincas o equipos informáticos, además de contratar a su esposa como trabajadora de la cooperativa sin que esta acudiera a trabajar durante unos meses.