Un nuevo informe censura el uso de fondos en la Consejería de Empleo

Nuevo informe de la Cámara de Cuentas que censura el uso de fondos públicos por parte de la Consejería de Empleo. Tras el fondo de los ERE y las subvenciones para promocionar el empleo a través del SAE (Servicio Andaluz de Empleo), ayer el órgano fiscalizador denunció graves negligencias en la gestión de las 14 escuelas de formación para el empleo, creadas desde 1996 y financiadas con fondos de la Junta y la Unión Europea. Este nuevo episodio de irregularidades atañe al menos a 1,3 millones solo entre 2008 y 2009, pero los auditores de la Cámara de Cuentas son muy críticos con numerosos procedimientos seguidos por Empleo cuando estaba dirigido por Antonio Fernández, imputado en el caso de los ERE. La justicia ya investiga varias líneas de uso de fondos públicos por parte de esta consejería.

El punto flaco que se repite en la concesión de estos fondos es que la vigilancia del buen uso de estos fondos se ha demostrado muy deficiente dadas las consecuencias. “Verificar las actividades subvencionadas (...) ni está regulado, ni definido sino que únicamente se establecen unos criterios generales”.

Los auditores han hallado facturas que no están debidamente justificadas por 146.080 euros, así como 481.819 euros cuyo importe carece de coherencia “entre los gastos justificados y la naturaleza de las actividades subvencionadas”. Es decir, el uso dado por los gestores a esos fondos no correspondía a las actividades objeto de la subvención o directamente porque no eran subvencionables, según la ley. Además, se han detectado documentos por 734.713 euros “fechados fuera del periodo de elegibilidad”, con fechas anteriores o posteriores a los cursos de formación de empleo.

La contabilidad del gasto no era del todo transparente: “Salvo en dos consorcios, en ninguno se presentan la relación clasificada de gastos de las cuentas, con indicación de los criterios de reparto para los costes generales e indirectos”, reza el informe de la Cámara. Entre los gastos que censuran los técnicos destacan dos facturas de la escuela de joyería de Córdoba, por 34.800 y 6.960 euros cuyos conceptos tienen una descripción “difusa e insuficiente”.

El centro de formación medioambiental de Almonte (Huelva) presentó varias facturas por 45.160 euros con “conceptos genéricos, ausencia de precios unitarios e improcedente aplicación de la retención sobre el impuesto de renta de las personas físicas”. La suma de estas facturas que tienen el mismo concepto superaría el umbral del contrato menor, por lo que su separación parece que estaba destinada a evitar la concurrencia pública, subraya el informe.

La práctica de la consejería era subvencionar proyectos mediante resoluciones que eran dictadas cuando estos ya se habían iniciado sin contar con la preceptiva autorización previa de la Administración. Eso sí, los auditores defienden que “en general, los consorcios han cumplido con el objetivo principal” de realizar y justificar los proyectos aprobados. El problema son las formas y no el fondo, pero sobre todo que las formas implica el uso de cifras de fondos públicos con muchos ceros.

La vigilancia sobresale como el talón de Aquiles que ha permitido el aparente desorden contable: “No consta que se hayan llevado a cabo las actuaciones de seguimiento y control para verificar que todos los gastos realizados tengan naturaleza subvencionable”, puntualizan los técnicos sobre la escuela de comunicaciones y tecnologías de Málaga.

El SAE debería haber implantado un sistema informático de la gestión de las ayudas para permitir el seguimiento de los expedientes, desde la solicitud a la justificación, denuncian los auditores. Además, el SAE no consideró si las escuelas gestionan de forma eficiente o no los fondos ni utiliza estadísticas comparativas para ver si se cumplen los objetivos iniciales. Por último, el informe censura la indemnización de 21.512 euros concedida al exdelegado de la Junta imputado en el caso de los ERE Juan Rodríguez Cordobés como director de la escuela de artesanos de Gelves (Sevilla).

El Gobierno andaluz aseguró ayer que algunas de las recomendaciones de la Cámara son aplicadas desde el año pasado. Mientras, el PP pidió ayer que la investigación se prolongue a la última década.