Majadahonda reclama 2,5 millones a una constructora de la trama Gürtel

El Ayuntamiento de Majadahonda ha reclamado a una de las empresas constructoras vinculadas con la trama Gürtel de financiación ilegal del PP, la antigua Constructora Hispánica, que abone 2,5 millones de euros por la utilización de una parcela municipal para instalar toda su maquinaria y por haber cobrado trabajos incluidos ya en el contrato de mantenimiento de la ciudad. La actual empresa (Assignia Infraestructuras) asegura por su parte que se ha cumplido con lo estipulado y que fue el propio Consistorio el que dio el visto bueno a los trabajos extraordinarios.

El inicio del trabajo de Hispánica en el municipio majariego se inició en el año 2004, cuando era alcalde uno de los imputados en la trama Gürtel, Guillermo Ortega, del PP. Este convocó un concurso para adjudicar durante diez años el mantenimiento integral de la población. Esto incluía infraestructuras, instalaciones y equipamientos urbanos, como el alcantarillado, el alumbrado y viales. El importe de la adjudicación fue de 18,8 millones de euros.

El contrato también incluía que la empresa adjudicataria tenía que disponer de una parcela o de una nave para guardar toda la maquinaria y los repuestos, además de una oficina para el control del servicio, vestuarios y almacenes. El Ayuntamiento permitió que, de manera temporal, Hispánica se asentara en la zona del polígono industrial de El Carralero, junto al llamado Centro Oeste, colindante con una conocida gran superficie. Según se ha comprobado después, esta parcela de casi 37.000 metros cuadrados está considera por el Plan General de Majadahonda como área verde pública, es decir, destinada al uso de los vecinos. Sin embargo, Hispánica la valló e instaló diversos prefabricados para las oficinas, además convertirlo en aparcamientos y almacenes.

El Grupo Municipal Centrista de Majadahonda elaboró un detallado informe viendo todos los trabajos que había realizado durante la vigencia del contrato Hispánica y detectó que había cobrado más de dos millones de euros por trabajos valorados de forma especialmente alta. Un informe del Secretario municipal reconoce el trabajo del grupo de la oposición: “No es posible admitir que ese concepto pudiera ser facturado, sino que constituye una obligación intrínseca a la prestación del servicio contratado”. La Intervención municipal también aceptó la propuesta del Grupo Centrista y en un breve informe mantuvo que Hispánica había cobrado dos millones de euros (en dinero actualizado a 2012) por diversos trabajos a los que no tenía derecho. Entre ellos estaban la revisión y la limpieza de cuadros de alumbrado, limpiezas de tuberías con agua a presión, por los retenes ante eventuales actuaciones urgentes y por la vigilancia de fines de semana y festivos.

El uso de la parcela municipal también ha supuesto un ahorro para la compañía adjudicataria. Un técnico municipal valoró en cerca de 500.000 euros el precio que no tuvo que desembolsar por utilizar ese área verde. “Ya desde el principio se vio que el precio de adjudicación y el número de años del contrato eran desproporcionados. Desde el primer momento vimos que había muchas dudas por todo lo que podía haber detrás”, ha explicado la portavoz del Grupo Municipal Centrista, Mercedes Pedreira.

La propuesta de este grupo de la oposición fue aprobada por unanimidad por el pleno de la Corporación el pasado 21 de junio de 2012 y desde entonces ha entablado una batalla legal para intentar recuperar el dinero que, supuestamente, cobró de manera indebida Hispánica. “También estamos valorando que se estudie si se ha cometido un delito recogido en el artículo 436 del Código Penal, del que podría resultar en el supuesto de que haya habido concertación, responsabilidades tanto para la autoridad o funcionario como para el particular”, añade Pedreira. Su grupo ha contado con el apoyo incondicional del actual alcalde, Narciso de Foxá, también del PP.

Por su parte, la actual empresa encargada del mantenimiento Assignia Infraestructuras mantiene que ningún contrato de estas características contempla ni los servicios ni la forma en que estos se prestan. Existen, en su opinión, infinidad de imprevistos en esos contratos. Por eso se establecen los denominados precios contradictorios, en los que se pacta una cantidad entre el adjudicatario y la Administración. “Son los técnicos, en este caso el Ingeniero Jefe del Servicio Municipal de Infraestructuras, el que da el visto bueno y firma el acta de ejecución de los trabajos”, afirma una portavoz de la empresa. Una vez aprobada la obra, se pasa al pago. “Hay que recordar que la Intervención informó en su día favorablemente de todos estos precios y les dio el visto bueno para su abono. De no haber tenido la conformidad no habríamos realizado los servicios relacionados con esos precios contradictorios”, añade.

“Para la prestación del servicio solicitamos en su día al Ayuntamiento de Majadahonda un espacio para colocar las casetas y el almacén de materiales. Nos cedió voluntariamente una parcela en El Carralero, que era un vertedero, a condición de acondicionarla, cerrarla con un muro de hormigón y poner un control de accesos”, explica sobre la parcela.