Un edil de Figueres investigado por el ‘caso Manga’ renuncia a sus competencias

Manel Toro, primer teniente de alcalde de Figueres y concejal de Hacienda (CiU), ha dimitido de su cargo después de declarar en el marco de la operación Manga, en la que se investiga una presunta trama de sobornos y adjudicaciones públicas irregulares. Los investigadores del Servicio de Vigilancia Aduanera, que depende de la Agencia Tributaria, le atribuyen un presunto delito de prevaricación por un contrato que el ayuntamiento de Figueres firmó con GRS Arc Local, una de las empresas situadas en el centro de la investigación, que dirige una juez de Lugo y es una rama derivada de la operación Pokémon. Toro continuará como concejal sin atribuciones hasta que su situación no se resuelva.

El ayuntamiento de Figueres adjudicó mediante concurso público en 2009 la gestión del cobro de las multas de tráfico a GRS Arc Local, cuando el alcalde era el actual consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Santi Vila. La empresa está siendo investigada por sus relaciones con distintas administraciones públicas en varias comunidades, entre ellas Galicia y Cataluña, donde tiene su sede principal. El administrador de la sociedad, Alexander Ros, está en prisión sin fianza desde el sábado, mientras que el apoderado, Josep Maria Franch, está en libertad imputado por tráfico de influencias.

La actual alcaldesa de Figueres, Marta Felip, ha explicado que el Consistorio ha pagado durante estos años el 33% (más IVA) de la recaudación total de las multas a GRS Arc Local. El equipo de Gobierno había decidido, ya antes de que saltase la operación Manga, contratar el servicio con el Xaloc, el ente de la diputación de Girona dedicado al cobro de tributos municipales, principal competidor en la provincia de GRS. “El servicio nos cuesta 267.000 euros menos al año”, ha explicado Felip, que es a su vez la responsable del Xaloc por su condición de diputada en el ente provincial.

Los investigadores se presentaron ayer en el consistorio de Figueres para requerir el contrato con GRS, al igual que hicieron días atrás en el ayuntamiento de Blanes, donde la empresa gestiona el cobro de tributos por valor de 16 millones de euros al año. En el marco de la operación Manga se han producido cuatro detenciones en Cataluña. Además de los dos socios de GRS, también fue detenido el alcalde de Sant Hilari Sacalm y presidente del Consejo Comarcal de la Selva, Robert Fauria, a quien la juez de Lugo ha dejado en libertad con cargos y una fianza de 18.000 euros, y el responsable del área de recaudación del ente, Joan Carles Feliu.

La lista de cargos públicos que han sido citados ha declarar por este caso a las dependencias de la Agencia Tributaria en Girona es amplia. En la lista figuran el presidente del patronato de Turismo de Girona, Ramon Ramos, organismo que fue registrado el día que estalló la operación en Cataluña; el gerente del Consejo Comarcal de la Selva, Joan Burjachs; el gerente del Xaloc, Xavier Alberch; el expresidente de la Diputación de Girona y alcalde de Salt, Jaume Torramadé y el secretario de organización de ERC y ex concejal en Arbúcies, Josep Carrapiço.