Dinero público, patrimonio de Dios

La única línea política en materia cultural que la Generalitat ha mantenido constante, desde que el PP accedió al poder en 1995, es la restauración del vasto patrimonio eclesiástico valenciano. En poco más de una década ha destinado al menos 150 millones de euros, tres veces más que la Junta de Andalucía, gobernada por los socialistas, que posee un territorio y unos bienes de la iglesia católica mayores.

La inequívoca apuesta del Consell se ha vehiculado sobre todo a través de la Fundació de la Llum de les Imatges, que ha recibido 93 millones de euros. Su primera gran exposición, previa restauración de bienes muebles e inmuebles, se inauguró en 1999 en la catedral de Valencia. A fines de este año se abrirá la última, la décima, que tendrá lugar en Vinaròs, Benicarló, Culla y Catí. En el balance oficial se recogen “52 edificios monumentales y entornos patrimoniales” rehabilitados, “2.688 obras de arte” restauradas, 1600 especialistas empleados y más de tres millones y medio de visitantes.

“También se ha actuado sobre edificios y construcciones civiles”, apunta la gerente de la fundación, Carmen Quintero. Un 10% de su presupuesto se ha dedicado a este capítulo. El resto se ha destinado a la Iglesia católica, si bien el objetivo oficial de la fundación “es la recuperación, la intervención y la difusión del patrimonio histórico-artístico valenciano”, sin ninguna referencia al carácter del mismo.

No en vano, la cultura también alimenta la estrecha relación que mantienen la Generalitat y el Arzobispado de Valencia desde hace lustros. Una connivencia entre lo público y lo privado patente en diferentes planos. En el educativo, por ejemplo, se evidencia en el apoyo a la enseñanza religiosa, como reiteran colectivos del sector y formaciones políticas en la oposición; o en el favoritismo de las Administraciones dirigidas por el PP hacia la Universidad Católica de Valencia, cuyo alumnado ha crecido un 430% en siete años. Un vicerrector de esta institución confesional, el sacerdote José Luis Sánchez, es comisario de la exposición concebida “desde la identidad católica” que hoy ocupa dos grandes salas del IVAM. En una tercera sala se exhiben las obras del “artista teológico conceptual” José Cosme, que dirige la cátedra compartida entre el Institut València d’Art Modern y la Universidad Católica.

PSPV y Compromís proponen que el uso revierta en los ciudadanos

El uso del patrimonio se inscribe, además, en el debate sobre el disfrute de unos bienes privados recuperados con dinero público y sobre si su acceso debe ser gratuito o no para los ciudadanos.

El diputado socialista Juan Soto ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en las Cortes Valencianas que define como “una nueva desamortización civil”, en virtud de la cual, la iglesia cedería edificios no de culto para “uso cívico y cultural”. Soto incide en el gran esfuerzo inversor en patrimonio eclesiástico y el estado de deterioro de notables edificios civiles como, por ejemplo, el Colegio Mayor del Arte de la Seda. “Nos dicen que no se interviene en este edifico porque es de titularidad privada. ¿Y el patrimonio eclesiástico?”, se pregunta.

Contrasta también esa atención con la muy escasa dotación presupuestaria para el Museo de Bellas Artes de Valencia, una de las pinacotecas más importantes de España que guarda algunas de las joyas del arte religioso, o con la postergada rehabilitación completa del antiguo convento del Carmen, hoy centro de arte.

La diputada de Compromís Mireia Mollà ha registrado otra PNL que defiende que los valencianos “puedan acceder a exposiciones y recintos donde se exhiban obras de arte restauradas con dinero público sin que tengan que pagar entrada”. “No tiene sentido pagar en exposiciones como la de la Llum de les Imatges o en una iglesia o catedral restauradas con nuestros impuestos”, añade.

“Yo creo que aquí no hay conflicto de ese tipo”, señala Jaime Sancho, presidente de la Comisión Diocesana de Patrimonio-Artístico del Arzobispado de Valencia. La catedral de Valencia cobra 4,5 euros por las mañanas por visita (incluye el museo). “La gente puede entrar sin pagar a una parte del templo hasta las 17.30, y a partir de esa hora es gratis. La normativa europea aconseja que el patrimonio se autofinancie. Los beneficios repercuten en la conservación, la vigilancia, la limpieza o en mantener el silencio”, comenta el también conservador de la catedral, que ha recibido numerosos fondos de la Generalitat y del Gobierno central.

Sancho constata que Andalucía, por ejemplo, ha tenido una política menos inversora en patrimonio eclesiástico y la atribuye a la opción política que ha recibido “el apoyo de la gente”. Subraya que las iglesias se conservaron con el paso del tiempo y no tanto los castillos y los palacios señoriales que conformaban los “tres estamentos” patrimoniales de las poblaciones. Sostiene que el patrimonio religioso lo puede disfrutar toda la ciudadanía y es un indudable polo de atracción turístico del que se benefician todos. La catedral de Valencia, además, contribuye a la regeneración del centro histórico y merece la inversión pública, al igual que se destinaron “muchos millones al Plan RIVA para que la gente rehabilitara sus casas que luego podía alquilar o vender”.