Cesa el edil del PP en Santiago que evitó la cárcel pagando 15.000 euros de fianza

Ángel Espadas, el hombre fuerte del Gobierno del PP en Santiago hasta que dimitió el alcalde Gerardo Conde Roa el pasado abril, está en la cárcel desde la madrugada del sábado. La juez de Lugo Pilar de Lara que instruye los sumarios Pokemon y Manga sobre presuntas adjudicaciones irregulares en varios ayuntamientos españoles le atribuye los delitos de cohecho, utilización de información privilegiada, y tráfico de influencias. Los investigadores están convencidos de que Espadas, jefe de gabinete de Conde Roa durante el tiempo que permaneció en el Gobierno municipal es la pieza clave de la trama. Y por eso la instructora esperó en la madrugada del sábado a escuchar su relato antes de adoptar una decisión sobre el edil de Seguridad de Santiago, Álbino Vázquez Aldrey, al que había tomado declaración horas antes.

Una vez que testificó Espadas, la juez impuso al concejal una fianza de 15.000 euros para evitar la cárcel y de paso selló el final de sus carrera política. El edil está acusado de los mismos delitos que Espadas, según confirmaron fuentes judiciales a Europa Press. El alcalde, Ángel Currás, también imputado en este caso, le había retirado las competencias a Vázquez Aldrey ya el viernes —entre ellas, la de ser responsable de la Policía Municipal— a la espera de acontecimientos. Tras conocerse su situación procesal, la oposición había exigido el cese. Y este llegó a primera hora de la tarde. A través de un comunicado, el edil anunció que renuncia a sus cargos como edil y como diputado provincial y solicita la baja de militancia en el partido. "Tomo estas tres decisiones con el fin de no perjudicar ni a mi partido ni al organismo provincial del que formo parte, pero sobre todo para no dañar la imagen de la ciudad en la que vivo, en la que trabajo y a la que me debo y siempre me deberé", defendió en la nota pública. En el escrito también aclaró que a partir de ahora y tras la renuncia a sus responsabilidades públicas y orgánicas, dedicará "el cien por cien" de su tiempo a demostrar su "honradez" y su "inocencia".

La doctrina del PP gallego es clara: si el juez impone medidas cautelares, los cargos públicos deben dejarlo. Aunque su presidente, Alberto Núñez Feijóo, había consentido excepciones a algunos alcaldes involucrados en otros casos de corrupción. Ayer por la mañana, el vicesecretario del partido, Agustín Hernández, había decidido ganar tiempo a la espera de que fuese Váquez Aldrey el que anunciase su marcha. Pidió “prudencia” para “analizar el fondo del asunto” y apeló a la presunción de inocencia. Pero todos en la dirección del PP gallego daban por amortizado al edil que abandonará la Corporación en cuestión de horas mientras cruzan los dedos para que las adjudicaciones bajo sospecha no salpiquen a otros miembros del Gobierno.

Feijóo está muy molesto con lo que sucede en Santiago, donde cada día estalla un escándalo que supera al anterior y sus rivales le culpan de que la capital de Galicia se haya abonado al esperpento. El líder del BNG, Guillerme Vázquez exigió el cese de todos los imputados (además de Vázquez Aldrey, lo están la responsable de Educación, Rebeca Dóminguez y el propio regidor por partida doble).

Y mientras, los interrogatorios siguen en Lugo. Ayer la instructora tomó declaración a José María Font, apoderado de la firma GRS Arc Local. que se hizo con la gestión del servicio de multas en Santiago. En las escuchas queda patente la estrecha relación de Font con Espadas, a quien los investigadores sitúan en el epicentro de la red. La investigación se extiende a otros municipios y el Servicio de Vigilancia Aduanera recopila expedientes de obras en los municipios coruñeses de Valdoviño y Ortigueira, ambos del PP.