Puertas abiertas

Suele decirse que la transparencia es el mejor de los desinfectantes contra la corrupción. Después de que a un caso de abuso le siga otro y a este otro más; del hartazgo de los ciudadanos ante estas situaciones pringosas, recogido de manera rotunda en todas las encuestas; y de la aversión e irritación que provoca la espesa opacidad, los partidos aparentan haber cogido la bandera de poner luz a la acción política y pública sin necesidad de descoyuntarse, sino de manera natural, pero obligados por la ley y por la brutal desafección democrática. Este desapego descomunal exige a los partidos cambios radicales, aunque solo sea por su propia supervivencia. Los datos del último Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (Egopa), elaborado por la Universidad de Granada, no arrojan dudas: el 77,3% de los andaluces no se siente identificado con ninguna formación y el 80,7% está insatisfecho con el funcionamiento de la democracia. La vacuna para combatir esta situación tiene un nombre, transparencia; y un apellido compuesto, información clara y comprensible.

Transparencia es la palabra de moda en la política nacional y autonómica y los tres grupos del Parlamento andaluz parecen haber emprendido una carrera a ver quién es el más fuerte, salta más alto y también más lejos. El Gobierno andaluz tiene previsto que la futura ley de transparencia y acceso a la información sea no una norma gubernamental sino de todos.

También quiere acompasar el proyecto autonómico a la ley general del Ejecutivo de la nación para evitar posibles conflictos competenciales que acaben con la norma andaluza atascada en el Tribunal Constitucional o, en el mejor de los casos, verse obligado a reformar la ley al poco de publicarla en el boletín oficial. Esto significa que el borrador del proyecto de ley que ha elaborado la Consejería de la Presidencia no entrará en el registro de la Cámara hasta el mes de junio, por lo que su aprobación final está prevista en el último trimestre del año.

Los expertos creen que la norma andaluza estará muy condicionada por la estatal, por lo que Andalucía debería incidir en otros aspectos. “La ley andaluza tendría que ir en la línea de poner los medios suficientes para facilitar la difusión de la información como servicio a la ciudadanía y que esta pueda ejercer un control real sobre el acontecer público”, afirma Susana Corzo, decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada.

La politóloga opina que la futura ley andaluza no debería quedarse en hablar de comportamientos ejemplares de los políticos —“algo que es importante pero insuficiente”, precisa—, sino la de desarrollar la idea de gobierno abierto, algo que “va mucho más allá del acceso a la información”.

Corzo plantea algunos ejemplos de ese “más allá”. “Por ejemplo, ofrecer mecanismos eficaces desde la representación política para tratar los casos de obstrucción de acceso a la información, o cuando los límites a este derecho se administren de forma caprichosa desde el organismo estatal creado para gestionar y administrar dicho acceso, o el introducir la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía...”.

Por ahora, los políticos cuando hablan de transparencia se ciñen en exclusiva a reglas que les afectan solo a ellos y a sus organizaciones, como, por otra parte, no podía ser de otra manera con la epidemia de casos de corrupción que inunda los informativos de la mañana y de la noche. De ahí que los políticos pongan el acento en endurecer la ley de financiación de los partidos, en publicar todos sus datos fiscales y de patrimonio o en establecer incompatibilidades para que solo puedan cobrar un sueldo, en lugar de tres, como ha sido el caso de Mariano Rajoy cuando era líder de la oposición. La máxima de un cargo, un sueldo ya está además contemplada en la ley Electoral de Andalucía, recurrida por el PP al Constitucional.

De momento, de lo que menos hablan los partidos es del acceso de los ciudadanos a la información, pero es de eso en lo que insisten los expertos consultados por EL PAÍS. María Holgado Mejías, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, lo tiene claro: “La ley debe regular tanto la obligación de la Administración pública de difundir de manera constante y veraz toda aquella información que se considere relevante, sin necesidad de que nadie lo solicite, así como el derecho de acceso a la información pública que permita a cualquier ciudadano solicitarla sobre cualquier aspecto de la gestión pública”.

Y esta información no se debe suministrar de manera encriptada o farragosa, sino “de forma clara, objetiva, actualizada y comprensible, aprovechando las nuevas tecnologías”, subraya Holgado Mejías.

El catedrático de Derecho Financiero y Tributario y expresidente de la Cámara de Cuentas, Rafael Navas, asegura que añadir otra norma autonómica de transparencia a la que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, “reproduciendo deberes y derechos que están ya regulados, no es ni conveniente ni transparente”, ironiza.

A Navas le parece más práctico regular “bajo una férrea voluntad de transparencia” asuntos como los presupuestos, las subvenciones, los contratos, los gastos de personal o la administración instrumental. “Tendríamos así una ley general de la Hacienda Pública de Andalucía más transparente, y la de subvenciones y las normas para la información sobre contratos del sector público”, apunta.

Este experto también ha trabajado por su cuenta en la reforma de la ley de Hacienda Pública de Andalucía, donde incluye un título específico sobre transparencia presupuestaria que implica “la publicidad de todos los actos y trámites por los que discurre el procedimiento de aprobación y ejecución del presupuesto”. La propuesta de Navas recoge, entre otros muchos aspectos, la limitación de las ampliaciones de crédito que desnaturalizan las propias cuentas. Y defiende un mayor empoderamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía, también de la Cámara de Cuentas, a la hora de establecer las responsabilidades de altos cargos y funcionarios por la comisión de infracciones presupuestarias.

En su opinión, el Interventor General debe comparecer una vez al año en el Parlamento para informar sobre las infracciones investigadas, las sanciones o resoluciones adoptadas y de las propuestas para mejorar la normativa. “No hay que olvidar las responsabilidades”, asegura Navas. “Lo más normal es que la mala gestión sea poco transparente, pero publicarlo solo no sirve. A los malos gestores hay que reducirles el presupuesto o cambiarlos de sitios, o quitarlos. Es decir, hacerlos responsables”, enfatiza.