La policía interroga a cuatro técnicos de la Diputación de Cádiz por el ‘caso Bahía’

La investigación se centra en el posible desvío de fondos destinados a la reindustralización

Manifestación en Cádiz en junio para pedir la reindustrialización de la provincia.
Manifestación en Cádiz en junio para pedir la reindustrialización de la provincia.V. L. (EFE)

La lista de sospechosos sigue aumentando. El Cuerpo Nacional de Policía ha tomado declaración a cuatro técnicos de la Diputación de Cádiz por su relación con el fraude descubierto en el reparto de ayudas a la reindustrialización gestionado a través del plan Bahía Competitiva. Se suman a los cinco cargos del Ministerio de Industria que han tenido que comparecer para aclarar su participación en el posible desvío de fondos públicos.

El escándalo se destapó cuando Industria exigió a un empresario gallego la devolución de más de 14 millones de euros que había recibido del fondo Reindus, un plan del Gobierno central para ayudar a comarcas, como la bahía gaditana, que habían sufrido un especial declive económico. Era 2011. Industria reclamaba la devolución de unas ayudas que no se habían empleado en los proyectos para las que se destinó. De hecho, nunca se desarrollaron. Saltó la sospecha de que podían tratarse de empresas fantasmas.

En una primera fase de la investigación, fueron imputadas 12 personas, entre empresarios, testaferros y conseguidores de ayudas

Fue la agencia IDEA, dependiente de la Junta y encargada de gestionar las ayudas, la que denunció los hechos. Estaban encomendadas a Antonio Perales, gerente del plan Bahía Competitiva, quien, en colaboración con la Diputación de Cádiz, decidía el reparto de estos fondos que luego aprobaba Industria. En una primera fase de la investigación, fueron imputadas 12 personas, entre empresarios, testaferros y conseguidores de ayudas que después no invertían en los proyectos señalados.

Fue también imputado Perales, quien se ha definido como una víctima de empresarios como el gallego Alejandro Dávila Ouviña. En un correo enviado a técnicos de la Diputación, que dio a conocer el PP, se destacaba cómo Perales instaba a subir o bajar puntuaciones de empresas para conseguir las ayudas de forma arbitraria. Entonces en Diputación gobernaba el PSOE.

Meses después la Policía también ha llamado a declarar a los técnicos de la Diputación, esos que el PP, ahora en el gobierno provincial, elogió cuando conoció los entresijos del reparto de los fondos Reindus. Los cuatro técnicos siguen trabajando en la institución ya que, según el presidente de la Diputación, todavía no han sido imputados en la causa. Sus declaraciones se suman a la que recientemente realizó la que fuera diputada de Empleo y responsable política del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación, María José Valencia.

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