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Frenazo “injusto” de la investigación en los campus

El Gobierno supedita el cumplimiento del objetivo de déficit autonómico a la concesión de ayudas

La incertidumbre aumenta cada día en los grupos de investigación de las universidades valencianas. Las ayudas del Gobierno central, con las que se financian gran parte de estos proyectos, están pendientes de un informe previo del Ministerio de Hacienda que confirme que la Generalitat cumple con le Ley de Estabilidad Presupuestaria. Un requisito que mantiene bloqueadas decenas de ayudas.

Los vicerrectores de Investigación de las universidades valencianas, tanto públicas como privadas, se reunieron ayer en Elche para analizar la situación. Amparo Navarro, vicerrectora en Alicante, y por su condición de catedrática de Derecho, presentó un informe en el que plantea “una interpretación distinta” a esta legislación “injusta”.

Los vicerrectores alertan de que este requisito solo afecta a las universidades públicas y crea diferencias entre comunidades autónomas, ya que aquellas que cumplan con el déficit podrán recibir las ayudas del ministerio.

“De consolidarse este criterio se producirá una cierta deslocalización de la investigación”, advirtió Pedro Carrasco, vicerrector en la Universitat de València y portavoz de la red Ruvid, que aglutina a todos los centros de investigación, que tema la fuga de equipos otras comunidades que tengan garantizadas las subvenciones. En el informe, las universidades recuerdan que “no son las culpables, ni las responsables” del déficit de una determinada comunidad autónoma.

 “Pendientes de un hilo”

 El problema es que los proyectos de investigación que se presentaron para los años 2011, 2012 y 2013 no han recibido respuesta por parte del ministerio correspondiente. “La investigación está pendiente de un hilo”, asegura Navarro.

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La incertidumbre de los investigadores es total. Cuando llaman al ministerio correspondiente les informan de que están pendientes, para pagar, de que Hacienda certifique si su Gobierno autonómico cumple con la Ley de Estabilidad.

En el campus de Alicante se han visto obligados ante la “grave situación de tesorería por los impagos del Consell” a cerrar el grifo y dejar de adelantar dinero para los proyectos de investigación, y aparcar los presupuestos de centros y departamentos. Y es que la Generalitat adeuda a la Universidad de Alicante 53 millones de euros de mensualidades atrasadas.

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