Feijóo pide la confianza ciudadana y protege a su alto cargo procesado

Publicará su renta desde antes de ser presidente y el patrimonio de los conselleiros

El presidente de la Xunta junto al delegado en Ourense, Rogelio Martínez
El presidente de la Xunta junto al delegado en Ourense, Rogelio Martínez DIEGO LEMOS

Alberto Núñez Feijóo asume que la confianza de la ciudadanía en los dirigentes políticos “se ha visto especialmente minada en los últimos meses” por la proliferación de casos de corrupción y por eso considera que deben hacer un esfuerzo de transparencia, a fin de recobrar crédito. En esa línea va la publicación de su declaración de patrimonio y la del resto de sus conselleiros, información fiscal que se completará con las declaraciones de la renta exclusivamente del presidente gallego desde antes de llegar al cargo hasta la actualidad. Compatibiliza esta apuesta con decisiones como la de mantener en el cargo al delegado de su Gobierno en Ourense, Rogelio Martínez, procesado por malversación, estafa y falsedad en documento público.

El mandatario autonómico aprovechó la rueda de prensa posterior al Consello para publicitar su “política de transparencia” con la decisión de seguir la senda abierta por Mariano Rajoy, con la publicación de los datos sobre su situación económica. Se hará en los próximos días a través del sitio web del Ejecutivo y del Diario Oficial de Galicia, aunque hasta el lunes no precisará desde qué año se podrá conocer su renta. En cuanto a las declaraciones de patrimonio, que ya se difundieron en diciembre de 2011, explicó que el objetivo es que los ciudadanos puedan conocer de primera mano la evolución patrimonial del presidente y de sus conselleiros desde la toma de posesión hasta que cesen en sus funciones.

Apenas unos minutos después de su alegato en pro de la transparencia, que se suma a la contundencia con la que se refirió al caso Bárcenas —“me repugna”, dijo en el Parlamento—, obviaba que su hombre fuerte en la provincia ourensana ha pasado de imputado a procesado. Se escudó en que la Fiscalía había pedido el sobreseimiento de la causa. “Por lo que yo sé, entiende que no hay delito”, arguyó, cuando en realidad el ministerio fiscal solicitó el archivo por considerar que los supuestos delitos —la certificación y el cobro de una subvención para una obra que nunca se ejecutó— habían prescrito. Así, avanzó que por el momento no va a “cambiar de opinión”, es decir, mantiene su confianza en Martínez.

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“Si se inicia un procedimiento (que en verdad ya ha comenzado), veremos la situación procesal en la que queda y en función de esto tomaremos una decisión coherente y consecuente con otras que hemos tomado”, fue todo lo que concretó. Preguntado sobre si le pediría su dimisión en caso de sentarse en el banquillo de los acusados, como parece que ocurrirá a tenor del último auto del juez, Feijóo desvío el tiro hacia el comportamiento de otros partidos ante casos similares, deslizando que en la misma situación estas formaciones —no explicitó cuáles— mantendrían a su alto cargo.

Por otra parte, la reunión del Gabinete sirvió para analizar el calendario legislativo para los próximos cuatro años. El Gobierno pretende impulsar unas 40 leyes, la mitad de ellas de carácter económico y la otra mitad reformas y actualizaciones de textos legales con más de una década de vigencia. En este paquete, el presidente confirmó que no estará el Estatuto de Autonomía, una modificación que, a su juicio, no está entre las preocupaciones ciudadanas. Sí se abordará la anunciada reducción de diputados.

En ese marco, abogó por “abrir un periodo de reflexión” sobre el sueldo de los parlamentarios y el sistema de cobro, que en la actualidad deja una parte importante del contante percibido libre de tributación, al consignarse en concepto de dietas. Empaquetó esta reducción de los gastos de la Cámara, así como todo el calendario legislativo analizado, con su ritual alusión a conseguir una Administración “eficiente y austera”.

El Consello también aprobó el Plan Galego de Igualdade entre Homes e Mulleres para el período 2013-2015, que aglutina 320 actuaciones con una inversión de 220 millones de euros. Entre todas esas medidas no está la de dejar de subvencionar a los colegios concertados que separan por sexo. Aludió a la libertad de elección de los padres y a que todos los gobiernos autonómicos mantuvieron esos convenios, aunque el bipartito, en sus estertores había decidido suprimirlos.

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