Iniciativa pide que Jaume Camps sea apartado de Cementeris de Barcelona
El Ayuntamiento sostiene que defiende la presunción de inocencia Jaume Camps también trabaja para la agencia Barcelona Regional
Iniciativa per Catalunya - Esquerra Unida y Alternativa (ICV-EUiA) pidió ayer que Jaume Camps sea apartado de la empresa municipal Cementeris de Barcelona, de la cual es secretario jurídico desde febrero de 2012. Camps, ex dirigente de Convergència Democràtica, fue imputado el 30 de enero por el caso Palau de presunta financiación irregular del partido y declarará el martes ante el juez.
En una carta dirigida al concejal y presidente del Consejo de Administración de Cementeris de Barcelona, Joan Puigdollers (CiU), Iniciativa pide que Camps sea retirado porque, si bien respeta la presunción de inocencia, cree que la imputación afecta la imagen del Consistorio. El Gobierno de la ciudad defendió la presunción de inocencia del histórico líder de CDC y recordó que “la imputación del señor Camps no tiene nada que ver con la actividad y las responsabilidades que ejerce en sus cargos vinculados a la Administración municipal".
El nombre de Camps figura en unas notas manuscritas halladas en el registro al Palau de la Música. Los documentos fueron entregados en 2010 al juez y a la comisión parlamentaria que investigó la derivada política del saqueo. En una de esas anotaciones está escrito: “Jaume Camps. Pago 105.000. Ferrovial”. Y, justo debajo, aparece la palabra “autopista”. El histórico líder fue diputado hasta 2003.
Camps también trabaja para la Agencia Barcelona Regional desde 2011. Allí es el secretario del Consejo de administración, que presiden el tercer teniente de alcalde, Antoni Vives (CiU) y el director general, Willy Muller.
En octubre, ICV-EUiA también pidió la dimisión de Marc Puig, actual director de Comunicación y Atención Ciudadana del Consistorio, por las mismas razones. A esta petición también se sumó el PSC. Puig era el administrador de Emocional Base, una empresa que, de acuerdo con el informe de Hacienda, facturó 60.000 euros al Palau por trabajos dudosos.
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