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Andalucía niega el concierto a los 12 colegios que separan por sexo

Los centros tienen diez días para alegar contra la supresión de la financiación pública

Colegio Altair de Sevilla, uno de los afectados.
Colegio Altair de Sevilla, uno de los afectados.

El Gobierno andaluz lo lleva intentando desde 1999. Pero, hasta ahora, no había tenido un horizonte judicial tan despejado. La consejería andaluza de Educación ha resuelto esta semana cortarle el grifo de la financiación pública a la enseñanza segregada. El departamento de Mar Moreno envió el lunes a los 12 centros privados de la comunidad que separan por sexo las resoluciones en las que se les niega la renovación del concierto educativo.

Andalucía, gobernada por PSOE e IU, toma este camino cuando el Gobierno central, en manos del PP, ha decidido remar en sentido contrario. La reforma educativa que está elaborando el ministro José Ignacio Wert blinda la posibilidad de que la enseñanza separada reciba subvención, algo que hoy, con la legislación actual, rechaza el Supremo. La Junta argumenta que la todavía vigente Ley Orgánica de Educación (LOE) les autoriza a eliminar estos conciertos.

En las resoluciones enviadas a los 12 colegios e institutos se aduce que “es público y notorio” que prestan “el servicio educativo de forma segregada”. Y se recuerda a los centros que el Tribunal Supremo estableció en julio de 2012 que la Junta tiene potestad para negar el concierto a los “centros docentes que optan por la educación separada por sexos”.

Los más de 3.100 alumnos que ahora estudian en esta docena de centros no van a perder, sin embargo, su plaza concertada. La Administración, según se ha comprometido la consejería, seguirá sufragando el coste de su enseñanza hasta que finalicen la etapa educativa que están cursando. El veto afecta solo a los nuevos alumnos, cuyos estudios en estas escuelas ya no estarán cubiertos con dinero público. Estos 12 centros son solo una gota de agua dentro del sistema. Cerca de 600 colegios e institutos están concertados en Andalucía y todos (salvo esa docena) son mixtos. En el resto del país, ocurre lo mismo: de los 5.000 concertados, solo unos 70 apuestan por el modelo de enseñanza separada. La mayoría responde a un ideario ultracatólico.

Andalucía y Cataluña son las dos comunidades con más concertados de este tipo. Y el Gobierno andaluz —junto a los de Asturias y Cantabria en su día— ha sido el que más lejos ha llevado su apuesta por la coeducación. Lo que persigue la consejería andaluza es que los centros que aún no admiten alumnos de ambos sexos lo acaben haciendo. Las resoluciones donde se bloquea la financiación se emitieron el lunes y los equipos directivos tienen 10 días para alegar. La Junta espera que reconsideren su postura y se conviertan en mixtos.

De momento, la patronal CECE anunció ayer que, cuando sean firmes las resoluciones de la Junta, recurrirán al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que cautelarmente suspenda su aplicación.

El TSJA ha sido el aliado de estos centros en la última década al bloquear los intentos de la Administración regional de suprimir los conciertos. El Supremo, en la mencionada sentencia de julio, corrigió a este tribunal superior al reconocerle a la consejería el poder para eliminar la financiación a la diferenciada. De hecho, decía que con la legislación educativa actual no se debe subvencionar en ningún caso estos centros.

El debate sobre este sistema educativo se suele abordar desde dos planos: el pedagógico y el legal. Respecto al primero, los defensores de este modelo aducen que la separación está extendida en países como Inglaterra o Estados Unidos. Y fundamentan sus bondades en las investigaciones que sostienen que las diferencias cognitivas entre sexos hacen que aprendan mejor por separado. Sin embargo, no existe un consenso científico. La revista Science publicó a finales de 2011 el artículo La seudociencia de la escolarización por sexos, en el que se señalaba —como también ha hecho la OCDE— la inconsistencia de los trabajos que muestran mejoras académicas en las escuelas separadas.

Desde el punto de vista legal, el debate ha estado centrado en si las Administraciones pueden eliminar los conciertos. El Supremo zanjó aparentemente este asunto en julio al dar la razón a los Gobiernos regionales de Andalucía y Asturias. Pero el alto tribunal, como ocurrió con Educación para la Ciudadanía, dejó una puerta abierta: afirmó que el sistema diferenciado es legal, pero “se excluye a esos centros de la posibilidad de concertar con la Administración competente su sostenimiento con fondos públicos”. Sin embargo, basaron toda su argumentación en la vigente LOE, con lo que dejaron esa puerta abierta por la que Wert tiene previsto blindar los conciertos con los centros segregados en su reforma educativa.

La reforma del ministro aún no ha llegado al Congreso y no se aprobará, como pronto, hasta finales de año, cuando el proceso de renovación de conciertos en Andalucía lleve meses resuelto.