El hermano de Crespo proyectó una mansión en un área protegida de Lloret

La sombra del exalcalde de Lloret y diputado de CiU en el Parlament, Xavier Crespo, también se extiende sobre la mansión de Can Juncadella, una de las obras más controvertidas de las realizadas en esta localidad de la Costa Brava en los últimos años. El arquitecto Josep Maria Crespo, hermano del político —a quien la Audiencia Nacional vincula con el blanqueo de dinero de la mafia rusa— ha participado directamente en el proyecto y ejecución de la lujosa edificación, construida en espacio natural protegido, según ha podido saber EL PAÍS. La propietaria del terreno es la familia del presidente de la principal petrolera de Kazajistán.

El caso está en los tribunales después de que el Fiscal de Medio Ambiente de Girona encontrase indicios de un delito de prevaricación urbanística. Los investigadores de los Mossos d'Esquadra pidieron la imputación de Crespo, que fue rechazada por el fiscal, aunque sí han sido imputados la arquitecta municipal de Lloret y su colega en la Comisión de Urbanismo de Girona. Los dos funcionarios avalaron la gigantesca obra, que el fiscal considera ilegal.

Según han confirmado a este diario fuentes conocedoras del caso, Josep Maria Crespo proyectó Can Juncadella aunque su nombre no conste en los documentos oficiales para evitar que se le relacionase con su hermano, que ocupó la alcaldía entre 2003 y 2011. En su lugar figura Miquel Bantulá, amigo y compañero de facultad de Josep Maria Crespo. Los dos arquitectos también han compartido todos estos años despacho en un piso situado en el número 226 de la calle de València de Barcelona. El hermano del diputado de CiU también figura en el registro mercantil como administrador de dos empresas radicadas en esa dirección: Arco en Gola y Juntos Organitzem Promocions.

Josep Maria Crespo ha declinado atender a los repetidos intentos de este diario de obtener su versión de los hechos. Tampoco Bantulà ha contestado a los mensajes dejados en su entorno.

En Can Juncadella ya existía un chalet construido en los años 40 por una familia de industriales del textil. Las obras denunciadas ahora por el fiscal corresponden a una mansión de invitados de lujo con 13 suites y 19 baños en el macizo de Cadiretes, frente a la playa. La finca está inscrita a nombre de una sociedad, Flinder Data, administrada por Assylbek Karibayev, cuyo nombre coincide con el del presidente de la compañía petrolera de Kazajistán.

Fuentes municipales de Lloret confirman también que fue Josep Maria Crespo quién se encargó de inscribir la finca en el catastro municipal cuando la adquirió Flinder Data. Además, también visitó con frecuencia las obras para supervisar su marcha.

El hermano de Xavier Crespo fue, hasta 2005, consejero delegado de la empresa Estaciones de Servicio de Kazajistán, dedicada a la intermediación en el comercio de combustibles y materias primas, según los datos que figuran en el registro mercantil. La vinculación del hermano del ex alcalde con la finca de Can Juncadella ya fue sugerida en el pasado por el Millor, el principal partido de la oposición de Lloret y cuyo líder, Marc Fuertes, ha denunciado en los últimos años los hechos que han acabado desembocando en la operación Clotilde, que relaciona a Crespo con la mafia rusa.

Fue la asociación ecologista SOS Lloret, sin embargo, la primera que denunció a la fiscalía las obras de la mansión, que tiene acceso directo a la playa, un gran salón de te, bodega de licores, piscina con solarium....

Los ecologistas argumentaron que la finca forma parte de la Xarxa Natura 2000 y está catalogada como Espacio de Interés Natural, lo que prohíbe cualquier construcción que no sea para usos agrícolas, forestales o ganaderos. Sin embargo, el arquitecto de la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona, primero, y la del Ayuntamiento de Lloret, después, avalaron con sendos informes la legalidad de las obras en 2010.

Para ello se basaron en dos artículos de la ley de Urbanismo, referidos el primero a actuaciones “en suelo no urbanizable” y el segundo a proyectos de reconstrucción de masías. Pero el fiscal de Medio Ambiente de Girona, Enrique Barata, considera que no se puede defenderse el “interés público” de la obra ni tampoco se puede aplicar el segundo artículo porque, aunque en Can Juncadella había un gallinero y una casa de campo, las obras de la mansión se están haciendo en un espacio diferente y sin preservar las construcciones antiguas, que se echaron abajo y estaban en situación ruinosa.

Los dos arquitectos están imputados en un procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción número 5 de Blanes por prevaricación urbanística al informar favorablemente de licencias ilegales, en contra de lo que habían establecido varios informes previos del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat. Sus declaraciones, previstas para el pasado jueves, han sido postergadadas.

La denuncia de los ecologistas propició la investigación de la Unidad Central de Delitos Urbanísticos y Contra el Medio Ambiente de los Mossos d´Esquadra. La policía catalana se quejó de dificultades para realizar la investigación como, por ejemplo, que los agentes no pudieron entrar en la finca porque los guardianes de la propiedad se lo impidieron. Los Mossos acabaron solicitando la imputación en el caso del exalcalde, Xavier Crespo, de los miembros de la Junta de Gobierno Local que aprobaron otorgar la licencia y de los responsables de la Comisión de Urbanismo de Girona. El fiscal, sin embargo, no lo consideró adecuado en ese momento al carecer de indicios que involucrasen a ningún responsable político.

La finca de Can Juncadella es un tema recurrente en los plenos del ayuntamiento de Lloret de Mar. En 2008 la Junta de Gobierno aprobó permitir a los propietarios rehabilitar una casa a pie de playa —situada en terreno de máxima protección y afectada por la Ley de Costas— a cambio de que estos cediesen el uso del inmueble al Ayuntamiento entre los meses de octubre y marzo durante 10 años. La oposición de ERC criticó la medida, defendida por el entonces concejal de Urbanismo, Josep Valls —imputado en la operación Clotilde—, como una forma útil de “echar a unos okupas” que vivían en la propiedad. Valls, teniente de alcalde en el gobierno actual, se ha apartado del cargo.

El Ministerio de Medio Ambiente denunció al Departamento de Territorio de la Generalitat por haber autorizado las obras. Ese mismo año, los propietarios de la finca cerraron el acceso al camino de ronda que atravesaba el macizo. El Ayuntamiento les permitió hacerlo a cambio de que estos rehabilitasen el antiguo camino de ronda en un proyecto con un coste de 400.000 euros, pero la obra no se ha empezado porque la Generalitat ha rechazado el proyecto presentado y ha exigido una nuevo. En 2009 el Consistorio puso una multa de 10.000 a los propietarios por echar abajo una antigua construcción sin tener licencia de obras.