La corrala antes que la calle

“Siéntate, como si estuvieras en tu casa”. Toñi invita a tomar asiento en uno de los sofás de mimbre que ha puesto en el salón del piso que comparte con su hijo. Ella pone nombre y sonrisa a una de las 70 familias que desde el pasado mayo ocupan cinco bloques vacíos en Sevilla. Es una de las pioneras de una nueva forma de ocupación en la ciudad, caracterizada por el perfil de los alojados —familias trabajadoras— y por la respuesta social, más comprensiva ante el drama de los desahucios. Son dos las palabras clave de este fenómeno en Sevilla: corrala, en femenino; y la utopía, como algo que se acerca a lo posible.

El origen lo abanderó un grupo de vecinas del barrio de la Macarena que en tertulias vespertinas quedaban para charlar de sus dificultades económicas. De esa convivencia, y pensando que unidas serían más fuertes contra los desahucios, forjaron la Corrala de Vecinas La Utopía. Luego, un documentalista las grabó en vídeo contando sus vidas y lo difundió por Internet. Posteriormente, con el asesoramiento de profesionales del 15-M de Sevilla y otras asociaciones, ocuparon un bloque el pasado mayo con 36 pisos deshabitados. Marcaron el paso.

“Es incomprensible. Miles de viviendas vacías, cada vez más gente en la calle, y el Gobierno dando dinero a los bancos corruptos. No faltan viviendas, falta justicia”, resume Irma Blanco, trabajadora social en paro y una de las primeras inquilinas. A lo largo de estos 10 meses, otras 70 familias han ocupado cinco casas más en la ciudad. Son las corralas: Conde Quintana, La Alegría (desalojada), La Ilusión, La Esperanza y Libertad. Nombres inspiradores.

Ninguna de ellas tiene luz ni agua, aunque no faltan macetas que adornen las ventanas y den vida a los edificios. En La Utopía hay incluso un huerto de pimientos en un balcón. “¡Están riquísimos, mejor que los del supermercado!”, exclama Inmaculada Díaz después de arreglar el piso para el noveno cumpleaños de su hija Elisa, que lo celebró junto a sus dos hermanos y sus primos. “Mi marido es el que los cultiva, él no trabaja y yo limpio casas”.

Como su historia, hay centenares en las corralas: Vanesa, con tres hijos menores de siete años, uno de ellos con síndrome de Down, ha perdido la ayuda a la dependencia; Juan Gómez, de 60 años con dos hijas, tiene 40 años cotizados y está vendiendo mostachones en la calle huyendo de la policía; Rocío García trabajaba en un catering hasta que la despidieron y se fue a vivir a un garaje con sus dos hijos. O Toñi, que limpiaba casas y atendía en una residencia de ancianos, y ahora busca hierros en la basura. Ella tiene un generador compartido con su vecina, pero no usa la electricidad para ver la tele. “No quiero, la vida real está aquí”, dice señalando el suelo.

A las corralas de la capital se le suman otras dos en la provincia; una en Alcalá de Guadaíra y otra en Villanueva del Río y Minas. Todas han desarrollado un peculiar patrón de acceso a las viviendas: los ocupas entran en los pisos y lo hacen público; las familias se distribuyen según sus necesidades estudiadas con anterioridad; los alojados hacen convivencias antes de entrar en las casas para funcionar mejor en comunidad; y siempre se ofrecen a pagar rentas y facturas. “Tenemos derecho a vivienda, pero también tenemos obligación de pagar”, coinciden todos.

De momento, los inquilinos de la Corrala Libertad, conformados en cooperativa, han sido los primeros en acordar con la inmobiliaria propietaria del edificio el pago de un alquiler social. “El acuerdo es único en Andalucía y va a servir de modelo a otros dueños de inmuebles”, asegura Luis De los Santos, abogado del grupo de juristas 17 de marzo. “Con respecto a los demás, pedimos que se pare el procedimiento legal por delitos de usurpación y que puedan acceder a un alquiler social”, dice el abogado entre otros requerimientos. Una cuestión jurídica paralela fue la detención el pasado noviembre de cinco personas ajenas a la ocupación, entre ellas la periodista Ana García, durante una manifestación por el derecho a la vivienda en la puerta de la corrala La Ilusión.

La delegada territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Sevilla, Granada Santos (IU), cree que las corralas son algo más que ocupación. “También son un proyecto social, de creación de una conciencia de cooperación y de solidaridad”, declara. Ella forma parte de una mesa de negociación para resolver la cuestión de la corrala La Utopía. Aunque está paralizada. Ibercaja —entidad propietaria del bloque— espera informes de los servicios sociales para ofrecer a los alojados ayudas de alquileres en otro lugar, según informan fuentes de Ibercaja. Por otro lado, la instalación de electricidad en las viviendas depende de la autorización municipal, declaran desde Endesa. El Ayuntamiento, que no ha atendido la consulta de este periódico, opta por no resolver acuerdos de las negociaciones.

Y el defensor del Pueblo, José Chamizo, principal intermediador entre las corralas, las entidades financieras, las inmobiliarias y las Administraciones, urge a la resolución del problema del acceso a la vivienda en Andalucía. “Hay que desarrollar más acciones contra los desahucios y que se respete tanto el derecho a la vivienda como el de los propietarios”, declara Chamizo.

La Junta ha evitado un millar de desahucios, según sus cálculos, con un plan para combatir los desalojos. “Hay que cumplir con el Estatuto de Autonomía, con la Constitución y con la Declaración de Derechos Humanos”, alega Granada. Puede sonar a utopía, sí. Y de eso ya saben los vecinos de las corralas.