“Privatizar es la flagrante renuncia del político a su responsabilidad”

Leandro del Moral (Ciudad Real, 1953), es profesor de la Universidad de Sevilla y miembro del departamento de Geografía Humana, una disciplina que interrelaciona naturaleza y sociedad, conceptos que considera inseparables. Actualmente dirige el equipo español del proyecto internacional SWAN (Sustainable Water Action), en el que participan Estados Unidos y la Unión Europea.

Pregunta. ¿Cuál es la situación del agua en Andalucía?

Respuesta. La situación del agua tiene muchos perfiles y todos están relacionados. Para empezar, habría que decir que seguimos en un proceso de deterioro de los ecosistemas acuáticos —ríos, lagos, manantiales, aguas subterráneas y estuarios— con pérdida de lo que hoy se denominan “servicios ambientales”. No es por romanticismo por lo que lamentamos este deterioro, es que estamos perdiendo cantidad y calidad de agua, capacidad de laminar avenidas, de depuración, biodiversidad, recarga de acuíferos, paisajes y valores socioculturales.

P. ¿Estamos peor que hace dos décadas?

R. Ahora se empieza a evaluar por primera vez la calidad con parámetros químicos, biológicos y morfodinámicos [caudal, estado del cauce y de la vegetación de ribera]. Desde esta perspectiva, hay muchas muestras de deterioro. Las más evidentes se dan en los acuíferos, cuya explotación ha aumentado, principalmente para regadío, facilitada por las nuevas tecnologías de sondeo y bombeo, lo que ha ocasionado la desecación y contaminación de muchas fuentes y manantiales.

P. ¿Y en calidad de las aguas?

R. Hay que señalar la mejora de la depuración de las aguas residuales urbanas, aunque la crisis está retrasando la aplicación de los planes previstos. El mayor problema ahora es la contaminación agraria difusa por fertilizantes, herbicidas y otros productos que se distribuyen los campos y terminan contaminando las aguas. También hay que destacar la gravedad de la turbidez, ocasionada por la erosión y la consiguiente aportación de sólidos a los cauces. En algún caso se ha identificado a la erosión como el mayor problema medioambiental de Andalucía por su relación con la desertificación y la pérdida de suelos. En algunas zonas se alcanzan niveles de erosión de entre 150 y 200 toneladas por hectárea y año.

P. ¿Cuáles son las principales causas de esta situación?

R. La mayor presión procede del campo, principalmente en la cuenca del Guadalquivir, donde el 87% del agua se utiliza para agricultura y solo el 13% es para uso urbano o industrial. En las cuencas atlánticas, la industria tiene un peso mayor. En las mediterráneas, la agricultura usa entre el 70% y el 25%, según las zonas. Lo que se extrae de pozos y ríos para regar se evapora en gran parte, solo vuelve al río y a los acuíferos, contaminado, el 20%. Por el contrario, el 80% del consumo urbano retorna al sistema hidrológico.

P. ¿Son perjudiciales los embalses?

R. Los actuales usos humanos requieren una continuidad y una garantía que es incompatible con la irregularidad del régimen hidrológico mediterráneo. Por eso, la satisfacción de estas demandas requiere regulación, es decir, embalses, cuya necesidad en este sentido es indudable. Ahora bien, no se pueden ignorar sus grandes costes económicos y ecológicos, debidos, por ejemplo, a la fragmentación y artificialización de los cauces. La demanda de más embalses todavía es un problema grave en Andalucía, al contrario que en otros países más desarrollados, donde la presión agrícola ha cedido. Hay que tener en cuenta que el anterior plan hidrológico del Guadalquivir, de 1995, hablaba de 420.000 hectáreas de regadío. En el actual, se identifican 845.000 hectáreas en la cuenca, y 1.100.000 en toda Andalucía.

P. Los agricultores afirman que ahora riegan el doble con la misma agua.

R. Si no fuera por eso, estaríamos en una situación agónica. Pero esta mejora de la eficiencia se ha visto anulada en gran parte por la expansión de superficie y la intensificación. Los recursos generados por la eficiencia no se han usado para liberar agua y mejorar la situación, sino para intensificar los cultivos y convertir en regadíos cultivos que tradicionalmente no lo eran.

P. Con ese diagnóstico, ¿es sostenible la situación?

R. En abastecimiento urbano, desde el año 1995 no ha habido restricciones porque ha mejorado mucho la gestión. En general, las ciudades están consumiendo menos agua que hace 20 años. En Sevilla se ha pasado de utilizar 172 hectómetros en 1991 a 115 en 2011, con 100.000 usuarios más. Si en el resto de aspectos —energía, movilidad, por ejemplo— hiciéramos lo mismo, estaríamos en la senda de la sostenibilidad.

P. Pero es impensable una Andalucía sin agricultura.

R. Según el plan hidrológico del Guadalquivir, el valor de la producción del regadío no llega al 3,5% del PIB de la cuenca, utiliza el 87% de los recursos y ocupa al 4% de la población activa. Estas macromagnitudes son escandalosas. Dentro del sector las situaciones y la incidencia territorial son muy variadas, pero el conjunto de las presiones hace que el sistema hidrológico esté en malas condiciones. La solución hubiera sido un crecimiento más moderado, acompañado de mejoras en la eficiencia. Con 750.000 hectáreas de superficie, como establecía el plan andaluz de regadío de 1996 para toda Andalucía en un horizonte de 20 años —30% menos de lo que ya hoy existe— la situación sería más sostenible.

P. Muchos agricultores están recurriendo a excedentes, a aguas pluviales. ¿Es un modelo alternativo?

R. Es un modelo que responde a una agricultura con mayor retorno económico y una actitud más empresarial. Ya se va asumiendo que no hay más embalses que hacer. Pero el sistema de balsas es la última vuelta de tuerca en la explotación de las cuencas, el último apretón a la esponja. En toda Andalucía existen más de 8.000 balsas. Si se hace eso es porque lo demás ya está hecho. Casi todo el tronco del Guadalquivir está declarado como “masa de agua muy modificada” porque su régimen fluvial está invertido por la regulación: lleva más agua en verano que en invierno, funciona como un canal de riego.

P. ¿Pero son perjudiciales?

R. La clave para responder es definir qué se está ganando y qué se está perdiendo. Esa agua que se detrae es agua que utilizaba el río, otro regante, el pescador, la depuración, la recarga de acuíferos, el estuario, las playas. La otra clave es quién gana servicios y quién los pierde. ¿Quién ha echado las cuentas de la pérdida de los manantiales y la contaminación de las fuentes? ¿Qué valía eso? ¿Qué lo ha justificado? ¿El riego masivo de cultivos tradicionalmente de secano, que quizás produzca la próxima burbuja económica? ¿El riego de zonas de cultivos extensivo que consumen 450.000 metros cúbicos al año, lo mismo que requiere el abastecimiento de 5.000 personas, para cada puesto de trabajo? Todo es cuestión de dimensión y de asignación económica y socialmente racional.

P. ¿Y el dragado del Guadalquivir?

R. El dictamen técnico es excepcionalmente claro, rotundo. La situación es próxima al colapso. No se puede intervenir con una medida como el dragado de seis a ocho metros de profundización sino que hay que tomar, previamente, medidas de restauración. La primera de ellas es que llegue más agua al estuario, por lo que todo lo que hemos dicho de aumentar los pantanos, las balsas y captaciones es contraproducente, la puntilla para el Guadalquivir. La prueba del algodón de la buena o mala gestión de la cuenca es el estado del estuario.

P. ¿La empresa privada puede gestionar un recurso como el agua?

R. Por mi experiencia de 10 años en la empresa de aguas de Sevilla durante tres mandatos, la privatización de la gestión del agua es la más flagrante renuncia por parte de los políticos a sus responsabilidades y competencias como gestores de servicios públicos básicos. Es perfectamente viable y rentable la gestión pública, desburocratizándola a base de transparencia e información pública.

P. Se ha olvidado el problema del cambio climático.

R. En la legislatura anterior se le dio mucha presencia. En el caso del agua, los actuales planes hidrológicos han estudiado el tema por primera vez. Los datos, que todavía no se han asumido con claridad, señalan una disminución media de caudal del 15%, ya actualmente. Esto significa menos agua con temperatura más elevada, lo que unido a la sobreexplotación ya existente aconseja aumentar la información y conciencia pública sobre lo que nos jugamos con el agua y los ecosistemas acuáticos.