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El TSJ abre otras tres investigaciones sobre la trama Gürtel

El juez amplía la investigación a la visita del Papa, y los contratos del Consell y la red

Ordena diligencias a Hacienda, UDEF e Intervención del Estado

El juez José Ceres, que instruye la vertiente del caso Gürtel en Valencia, ha abierto tres nuevas líneas de investigación. En un auto conocido este miércoles, el magistrado dictó la apertura de tres nuevas piezas separadas sobre la relación de la red corrupta con la Generalitat y la dirección del PP regional, presididas en aquellos años por Francisco Camps.

La primera pieza se refiere a la visita del Papa a Valencia en el verano de 2006, que según la investigación permitió a la red corrupta y al entonces director de Canal 9, Pedro García, repartirse ilegalmente más de tres millones de euros en comisiones. La segunda pieza investigará los muchos contratos (hasta 76) que la red corrupta recibió a dedo de la Generalitat, para lo cual fueron presuntamente troceados con el objetivo de que no superasen el límite de 12.000 euros. Y la tercera, sobre los delitos fiscales que la trama habría cometido mientras participaba en la supuesta financiación ilegal del PP valenciano, unos hechos que también indaga Ceres.

El juez ordena en el auto diligencias a la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), Onif (la unidad Antifraude de Hacienda) y la Intervención General del Estado.

El nuevo alud de supuesta corrupción se suma a la pieza separada sobre la contratación de la Consejería de Turismo con la trama, para que montase el pabellón valenciano en Fitur, por cinco millones de euros. En esta pieza el juez ha dado por concluida la instrucción y prácticamente solo falta que se señale la fecha del juicio. La fiscalía pide por estos hechos 11 años de cárcel para Milagrosa Martínez, exconsejera de Camps, expresidenta de las Cortes valencianas y aún diputada autonómica y alcaldesa de Novelda. Y penas de cárcel e inhabilitación para otra exconsejera de Camps y cinco cargos intermedios del Gobierno valenciano.

La extensión de la actividad delictiva que la red de Francisco Correa desarrolló presuntamente en Valencia, avaladas por todos los jueces que desde hace cuatro años han conocido las denuncias de Anticorrupción, parece enterrar definitivamente la estrategia que Camps y el PP valenciano utilizaron inicialmente: que todo se limitaba a la acusación por haber aceptado prendas de ropa. Un jurado absolvió a Camps de aquello con cinco votos a cuatro, pero sus subordinados se enfrentan ahora a largos procesos judiciales y graves penas. Varios de ellos, que previsiblemente serán imputados, declararon como testigos a favor del expresidente valenciano en el juicio de los trajes.

La causa entierra la estrategia del PP de limitarlo todo a tres trajes

El desembarco completo del caso Gürtel en Valencia parece encarrilar definitivamente una parte sustancial de la investigación que ha dado tumbos entre los tribunales superiores de Madrid y Valencia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo desde que hace cuatro años el entonces juez Baltasar Garzón ordenase la detención de los cabecillas de Gürtel y varios registros, entre ellos el de la Agencia Valenciana de Turismo.

El accidentado avance de la causa se ha debido, en parte, a la estructura del sistema judicial español, que establece como aforados a los tribunales superiores de sus comunidades a los miembros de los Gobiernos y parlamentos autonómicos.

El resultado es que cuatro años después de destaparse el caso los presuntos responsables de fraccionar decenas de contratos con Orange Market y otras empresas de la red, por ejemplo, todavía no han sido llamados a declarar, ni se han practicado apenas diligencias al respecto.

No es el caso de los supuestos delitos fiscales, ya que los jueces sí han rastreado el complejo entramado económico de la red. Ni de la visita del Papa, donde ya hay más de una decena de imputados. En esta pieza separada, además, varios de los altos cargos de Ràdio Televisió Valenciana imputados en su momento por el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, han responsabilizado de los hechos a Pedro García.