La fiscalía investiga las adjudicaciones que beneficiaron a Ramon Bagó

La fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias de investigación para averiguar si el empresario Ramon Bagó actuó de forma delictiva para obtener contratos millonarios de fondos públicos para su empresa, el grupo Serhs. El fiscal investigará a Bagó por los delitos de negociaciones prohibidas y revelación y uso de información privilegiada. Según un informe demoledor de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Bagó obtuvo buena parte de los contratos para Serhs —dedicada a la restauración de colectividades— gracias a su posición de alto cargo en el Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC). Bagó, que también fue alcalde de Calella (Maresme, Barcelona) por CiU, ha ocupado los principales cargos de responsabilidad en este ente público, que gestiona varios hospitales y equipamientos sociosanitarios que adjudicaron más de 50 millones de euros a Serhs desde 2002, según desveló en marzo de 2012 una investigación de EL PAÍS hecha después de que la revista Cafeambllet publicara el conflicto de intereses.

El ministerio público decidió incoar diligencias el lunes, apenas unos días después de recibir el informe de Antifraude en el que se detallan las irregularidades del empresario. La fiscalía, que aún no ha practicado ninguna diligencia, indagará las relaciones que durante 19 años mantuvo el grupo empresarial que preside, Serhs, con la empresa municipal que gestiona el hospital de Badalona y con otra del Consejo Comarcal del Maresme.

Las relaciones de Serhs con Badalona y el consejo comarcal son, sin embargo, una parte de los contratos que serán investigados, ya que la empresa de Bagó ha ganado adjudicaciones en decenas de hospitales, centros escolares y prisiones.

El extenso informe de Antifraude que ha motivado la apertura de la investigación por la fiscalía, de 8.000 páginas, detalla el trato preferente que supuestamente recibió Bagó de organismos públicos. El empresario fue galardonado en 2001 con la Creu de Sant Jordi —máxima distinción de la Generalitat— por el Gobierno de Jordi Pujol, amigo personal de Bagó.

Antifraude censuró también que el empresario simultaneara sus funciones directivas en el ámbito público con el privado. Bagó presidió las sociedades del holding del Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC) hasta marzo de 2008 y a finales de 2011 se reincorporó de nuevo a las empresas públicas del CSC, donde formó parte del consejo de administración de las sociedades y se integró en la comisión ejecutiva de la matriz, CSC, SA.

El holding CSC nombra a los máximos directivos de una docena de hospitales y equipamientos sociosanitarios, entre otros centros sociales. Asimismo, ofrece a muchos otros hospitales asociados un servicio que tramita la convocatoria y adjudicación de concursos públicos, por lo que tiene una influencia directa e indirecta sobre contratos millonarios en toda Cataluña. Bagó habría utilizado su posición de directivo del CSC para beneficiar a sus empresas, según Antifraude.

La oficina considera que a lo largo de casi dos décadas se vulneró la normativa sobre contratación de servicios públicos. La responsabilidad del empresario no se limita al ámbito administrativo, según el informe —por la presunta incompatibilidad—, sino que trasciende a la vía penal. Antifraude considera que la posición de Bagó en el CSC y el resto de empresas públicas debe ser considerada a efectos penales como la de un funcionario, lo que agravaría su responsabilidad penal.

En 1998, Serhs empezó a prestar servicios de manera continuada a Badalona Serveis Asistencials, que gestionaba un hospital y otros centros sanitarios de esa ciudad. En 1999 se produjo la primera prórroga del contrato del hospital municipal, que es como se llamaba entonces la sociedad, a la empresa Cuina Serhs, SL, para que se ocupara del suministro al centro y de la explotación de la cafetería. Un año después se amplió la concesión y así, sucesivamente. La Sindicatura de Cuentas ya dijo en 2009 que esas prórrogas eran improcedentes y pidió un cambio en la modalidad de contratos, que se renovaron haciendo caso omiso a la advertencia hasta abril de 2012, tras las revelaciones de este diario. El Ayuntamiento de Badalona encargó entonces un expediente, concluyó que no se cumplieron los requisitos y ha acabado por echar a Serhs del municipio.