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Crespo ignoró advertencias interventor sobre el monumental saqueo de Emarsa

El exalcalde de Manises rechazó la petición de destituir al gerente y al director financiero

Consideró normal que una sociedad pública estuviera en causa de disolución

Enrique Crespo, el político del Partido Popular que llegó a reunir los cargos de alcalde de Manises, vicepresidente de la Diputación de Valencia, presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) y de Emarsa (la sociedad pública que gestionaba la depuradora de Valencia), ignoró repetidas advertencias sobre el monumental saqueo que estaba sufriendo esta última empresa. El interventor de Emshi, Francisco Pastor, ha declarado al juez que trasladó a Crespo la conveniencia de destituir al gerente de la depuradora, Esteban Cuesta, y al director financiero, Enrique Arnal. "Crespo nos comunicó que no estaba en su mano el poder cesar a estar personas", afirmó Pastor.

El interventor aseguró que la opinión de la pésima gestión económica de la depuradora, con gastos difíciles de explicar en una sociedad pública que gestionaba una depuradora (viajes por importe de 117.952 euros en 2008 y de 142.580 euros el año siguiente), subidas salariales continuas pese a la muy delicada situación de Emarsa, y excesivos gastos financieros era compartida por los directivos del BBVA que llevaban la cuenta abierta por la sociedad. Cuando trasladó los problemas a Crespo, según el interventor, este "los justificó prácticamente todos".

El interventor, que fue nombrado en 2008, dos años antes de que Emarsa fuera liquidada con un agujero de 17 millones de euros, declaró que también advirtió a Cuesta y a Arnal sobre las irregularidades con las que gestionaban la planta. Entre ellas, la contratación a dedo de los proveedores incumpliendo los principios de publicidad, concurrencia, transparencia e igualdad. Pero que tampoco hubo ninguna reacción.

Cuando la situación era insostenible, y Emarsa se deslizaba hacia la disolución por imperativo legal, a causa de su insostenible situación patrimonial, Crespo afirmó, según el interventor, "que era muy habitual que una sociedad pública estuviera en causa de disolución".