El (otro) derecho a decidir

En el replanteamiento general sobre las relaciones políticas entre España y Cataluña, se ha ido imponiendo como idea-fuerza el término “derecho a decidir”. El gran atractivo de esta formulación es que expresa un valor constitutivo fundamental de la democracia, es decir, que los ciudadanos son libres para decidir, individual y colectivamente, sobre las cuestiones fundamentales de la convivencia social. En el marco de la democracia representativa, ese mecanismo ha acostumbrado a vehicularse vía la selección de aquellos que deciden por nosotros. Pero la legitimidad de esa delegación queda siempre condicionada a la necesidad de reforzar esa legitimidad (reformas de los textos constitucionales básicos) o a la capacidad de la ciudadanía para ejercer directamente el derecho a decidir (iniciativas para realizar referéndums sobre temas considerados significativos). Parece claro que el debate soberanista en Cataluña tiene la suficiente entidad como para que, sin prejuzgar el resultado de la consulta, ese derecho a decidir pueda ejercerse. Ese es el punto en el que estamos. Pero, lo que quiero aquí destacar es que una vez incorporada esa lógica democrática básica en la cultura política de una comunidad, no debería extrañarnos que la gente reclame ese mismo derecho en otras situaciones y dinámicas.

El conocimiento se democratiza.

El contexto en el que estamos no es el mismo que teníamos en los años de la Transición. Salíamos de una dictadura. Pensábamos en los esquemas habituales de la democracia representativa, en los partidos o en las instituciones políticas como elementos benéficos, como herramientas que nos permitirían dejar de ser diferentes en esa Europa a la que aún no pertenecíamos. Más de treinta años después, los que vivimos esa Transición y los que han oído nuestras historietas reales o imaginadas, hemos perdido del todo la ingenuidad a golpe de opacidad, incumplimientos, de abusos de autoridad, de decisiones que benefician solo a algunos, pero tomadas en nombre de todos. Y además, tenemos nuevos instrumentos para poder actuar sin intermediarios, para poder expresarnos sin pasar por los cedazos que marcan los medios de comunicación convencionales. Podemos empezar a reclamar el derecho a decidir, no como algo excepcional, sino como una práctica a aplicar en el día a día. Una práctica cotidiana.

¿Si tenemos derecho a decidir para determinar los vínculos que nos sigan uniendo a España, no podemos decidir cómo debe ser nuestro entorno vital, cómo deben ser las principales pautas que ordenan y organizan nuestras vicisitudes diarias? ¿Tiene sentido que se decida por nosotros y en nuestro nombre sobre cómo se conforman las ciudades, cómo se alteran los ejes básicos que constituyen nuestro paisaje de identidad y pertenencia? Vamos ganando espacios de decisión en nuestras vidas, en nuestras opciones personales más decisivas. Pero, en cambio, seguimos teniendo espacios vedados en temas que muchas veces se rodean de complejidades técnicas aparentemente solo accesibles a especialistas. El conocimiento se democratiza, el acceso es menos jerárquico y más directo. Pero el poder se sigue rodeando de barreras legales, de restricciones económicas presentadas como naturales e indiscutibles. En Barcelona, por ejemplo, van tomándose opciones que afectan el futuro de la ciudad, del conjunto metropolitano, sin que podamos ejercer nuestro derecho a decidir. Se habla de reformar el Plan General Metropolitano vigente desde 1976 y que constituye el esquema básico de ordenación urbana. ¿Quién participará en ese proceso? Se actúa sobre el frente marítimo, se amplia el puerto y se afectan lugares como el Port Vell, sin que la ciudad pueda decidir sobre un espacio que marca y caracteriza su identidad. No nos han preguntado, no han explicado esos proyectos en sus programas. Afirman actuar en nuestro nombre y en defensa de nuestros intereses, pero siguen decidiendo unilateralmente. Los contrarios al ejercicio del derecho a decidir del pueblo catalán afirman que cada vez que se vota en elecciones se está decidiendo. Y les decimos que no confundan las cosas. A los que reclaman que la ciudad pueda decidir sobre esas grandes opciones urbanas, se les dice que ya decidieron cuando votaron en las municipales. Necesitamos ser consecuentes y reclamar el derecho a decidir como palanca básica de regeneración democrática del país, de sus ciudades, pueblos y comunidades.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.