Encierro de alcaldes en la sede del Consell en Castellón para cobrar la deuda

Un grupo de 26 alcaldes socialistas de Castellón y el alcalde independiente de Les Coves protagonizaron ayer un encierro en la sede del Consell para denunciar que el Gobierno valenciano debe 200 millones a los Consistorios de toda la provincia. A última hora de la noche, los regidores mantenían su protesta a pesar de que la Policía Autonómica les avisó de que si no se iban les abrirían una denuncia ante el juzgado con la que se enfrentarían a una sanción económica y a un arresto domiciliario. Pese a ello optaron por quedarse. La amenaza de denuncia pasó pronto a otra de desalojo, según explicó, Adolf Sanmartín, secretario comarcal del PSPV-PSOE. Sin embargo, desde la Consejería de Gobernación aseguraron que los agentes solo identificaron a los alcaldes y que es el titular de la Delegación del Consell en Castellón el que tiene “la última palabra” para decidir sobre la denuncia o el desalojo. Al cierre de edición los alcaldes mantenían su protesta. “Nosotros optamos por quedarnos en nuestra condición de alcaldes”, decía Sanmartín, secretario comarcal del PSPV-PSOE.

Con esta acción, los alcaldes querían denunciar unos impagos que están provocando graves problemas a los Ayuntamientos. Sobre todo a los más pequeños. El alcalde de Sueras, un municipio de menos de mil habitantes, cuenta con un presupuesto de 400.000 euros para este año. El Gobierno valenciano le debe 600.000. En Sant Mateu, con unos 2.400 habitantes, la deuda asciende a 750.000 euros. Supone el 70% del presupuesto que maneja el Ayuntamiento y que este año será de 1,3 millones. Son dos ejemplos de lo que implican los impagos del Consell a los Ayuntamientos, principalmente los más pequeños, que son los que tienen menos margen de maniobra. “Tenemos subvenciones sin pagar que se remontan a 2008”, apunta Ana Besalduch, alcaldesa de Sant Mateu, durante el encierro. La situación de asfixia y la intuición de que no van a cobrar, al menos en el corto plazo, les llevaron ayer a protagonizar este encierro y reclamar un calendario de pagos.

“Nos obligaron a ir al plan de pagos a proveedores del Gobierno y pedir 439.000 euros, si nos hubieran pagado parte de la deuda ahora no tendríamos que pagar los 6.000 euros trimestrales en concepto de intereses”, apuntó Besalduch. La alcaldesa señaló que hasta ahora han podido hacer frente a algunos pagos y liquidar los salarios de trabajadores de la oficina de dependencia, de la oficina de desarrollo local y la escuela taller de los últimos dos años. Los sueldos los tenía que abonar la Generalitat. “Nos han quitado un autobús escolar, becas… queremos mantener el gasto social para compensar pero cada vez es más difícil”, admite.

El estrangulamiento económico de la deuda se va a ver agravada a partir de este año. Como Sant Mateu, muchos ayuntamientos tuvieron que acogerse al plan de pagos a proveedores para pagar las obras realizadas en sus municipios con presupuesto autonómico que no se ha pagado.

“Morella acudió al plan para pedir 1,5 millones, la misma cifra de la deuda, y ya tenemos que empezar a devolver los intereses que ascienden a 100.000 euros este año”, añadió el alcalde de la capital de Els Ports, Rhamsés Ripollés. En este municipio los impagos suponen la mitad del presupuesto de todo un año. En Vila-real, el segundo municipio más grande de la provincia, el Consell debe 13,5 millones contando la retirada de cinco millones para la obra de una nueva depuradora.

Desde el PP, calificaron el encierro de “ilegal” y criticaron la “deriva radical” de los socialistas.