La Generalitat agota el plazo para evitar la suspensión cautelar del contrato de ATLL

El gabinete jurídico de la Generalitat ha entregado este viernes al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sus argumentos para que no se suspenda cautelarmente la privatización de Aguas Ter-Llobregat (ATLL), adjudicada a Acciona. Esta es la pretensión de Agbar después de que el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARCC), que también depende de la Generalitat, dictara una resolución en la que consideraba que la oferta de Acciona no cumplía el pliego de condiciones y, por tanto, no podía quedarse con la gestión de la compañía pública, encargada de la gestión del agua en alta que consumen cerca de cinco millones de catalanes.

La decisión del OARCC es “ejecutiva”, según la normativa que rige al organismo. Es por ello que Agbar pidió ante el alto tribunal la ejecución de la resolución y demandara al menos la suspensión cautelar del contrato y todo lo que conllevaba. La sala de lo contencioso del TSJC estimó que antes de tomar una decisión de ese calado tenía que escuchar los argumentos de la Generalitat, por lo que el pasado 11 de enero emitió un auto en el que le daba cinco días de plazo para argumentar la necesidad de no frenar la adjudicación.

El alto tribunal estimó que antes de tomar una decisión tenía que escuchar a la Generalitat

Ese plazo, que concluía este viernes, ha sido agotado por los juristas de la Generalitat. En sus alegaciones para evitar la paralización del contrato, el gabinete jurídico argumenta que la oferta de Acciona sí que cumple con las condiciones del concurso (la resolución se fijaba en el periodo de ejecución de obras), carga contra el OARCC por sus interpretaciones que efectúa en su resolución y advierte de las complejas repercusiones que tendría la anulación para la Generalitat. Básicamente, esgrime, porque la indemnización que tendría que afrontar la Administración catalana para indemnizar a Acciona por daños y perjuicios sería difícilmente asumible para sus arcas y que tendría un importante efecto sobre el déficit autonómico y estatal, ya que la Generalitat ha apuntado los 1.000 millones de euros de la operación para enjugar el diferencial entre gastos e ingresos de sus cuentas de 2012.

Fuentes del Departamento de Territorio han asegurado que los argumentos esgrimidos son idénticos a los que utilizó el gabinete jurídico en otra vía judicial abierta por la Generalitat para evitar la revocación de la adjudicación. Esta se basa en la presentación de otro recurso contencioso administrativo ante el TSJC contra la resolución del OARCC. Acciona Agua, que lidera el grupo ganador, y el propio consorcio que se encarga ya de gestionar la antigua ATLL (denominado ATLL Concessionària de la Generalitat) han presentado sendos recursos para intentar blindar su contrato.

Una vez tenidos los argumentos de la Generalitat y toda la información sobre el proceso, que el TSJC también solicitó a la Administración, el alto tribunal deberá tomar una decisión. Primero sobre la posible suspensión cautelar y después sobre el contrato.