Entra en el Parlamento la iniciativa legislativa para la renta de ciudadanía

"¿Qué coste tiene la pobreza? ¿Es más cara una ayuda para quienes no alcanzan un mínimo o no hacer nada?". Con esta premisa una representación de la comisión promotora han presentado hoy a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regular la renta de ciudadanía. Esta ayuda está prevista en el artículo 24.3 del Estatuto de Cataluña, ha explicado uno de los representantes legales de la comisión promotora, Diosdado Toledano.

La ILP cuenta con el apoyo de los sindicatos, una treintena de entidades (entre las que figuran asambleas de parados, asociaciones de vecinos, Justícia i Pau, ATTAC o el 15M) y los grupos parlamentarios del PSC, ERC e ICV. La presentación y el registro de hoy es el primer paso para que la cámara tramite la iniciativa y se puedan recoger firmas entre los ciudadanos para que sea debatida y si contara con apoyo mayoritario, aprobada.

Toledano ha recordado que en Cataluña la pobreza alcanza al 30% de la población y que 225.000 familias no tienen ningún ingreso. "Hay mucha gente que no tiene nada, y no solo son los marginados, sino los nuevas vícitimas de la crisis", ha subrayado. Toledano ha asegurado que la Generalitat tiene constancia de que el próximo mes de noviembre el 70% de los parados habrá agotado la prestación por desempleo.

La instauración de una renta de ciudadanía, fijada en 664 euros (el importe que la Generalitat fija como umbral de pobreza) supondría derogar la Renta Mínima de Inserción (RMI), la ayuda existente ahora mismo para familias sin ingresos. Lo ha explicado Sixte Garganté, otro de los representantes legales de la comisión promotora. Al contrario que la RMI, que se otorga a unidades familiares, la renta de ciudadanía sería una ayuda individual, y no supeditada a un itinerario de inserción laboral, "porque en realidad no se hace". En cambio, los perceptores de la nueva ayuda la perderían si rechazaran una oferta de trabajo, ha matizado Garganté.

El calendario que se abre a la ILP a partir de hoy es el siguiente: en 15 días la Mesa debe admitir el proyecto a trámite, los promotores tienen cuatro meses para recoger las firmas (hasta julio, calculan los promotores), y posteriormente elevar el texto al pleno. En éste, previsiblemente después del verano, los promotores podrían defender su iniciativa y tendrían además derecho a retirar el texto si durante el trámite consideraran que se desnaturaliza.