El juez prohíbe a los despedidos de Cubigel acercarse a la fábrica

La actividad en la fábrica de Sant Quirze del Vallès de Cubigel, la antigua Unidad Hermética, lleva varios meses bajo mínimos. No solo por el descenso de pedidos que ha supuesto la recesión, ni tampoco por el concurso de acreedores en el que entró la compañía el pasado mes de febrero. Un grupo de trabajadores que fueron despedidos a raíz de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) llevaban semanas bloqueando la factoría e impidiendo la entrada y salida de camiones con mercancías o suministros.

Para restablecer la actividad habitual en el centro, el juez de lo Mercantil número 3 de Barcelona, José María Fernández Seijo, ha dictado una medida de auxilio por la que los Mossos d’Esquadra de Sabadell y la policía municipal de Sant Quirze facilitarán el acceso de camiones “ordenando el alejamiento de cuantas personas interfieran en la normal entrada, carga y descarga de mercancías y suministros”. Por ello, el auto prohíbe a los antiguos empleados a acercarse a menos de un kilómetro del centro productivo.

La compañía, controlada por la estadounidense AIAC, pidió la tutela judicial en febrero de 2012 con un pasivo de 27 millones de euros. Los trabajadores denunciaron que la firma, que fabrica motores para neveras, solicitó la antigua suspensión de pagos por la falta de liquidez, y no de pedidos. En todo caso, el proceso terminó con una buena y una mala noticia. La parte positiva era que la empresa seguiría viva tras ser adquirida por el grupo chino Huayi por 600.000 euros. La negativa, que el plan de viabilidad pasaba por suprimir 162 de los 550 empleados.

El juez dice que el bloqueo pone en peligro los puestos de trabajo actuales

La empresa, además, arrastra deudas con muchos de los despedidos, que llevaban hasta 40 años en la empresa. En total, les debe 1,7 millones de euros. La empresa debe aún a los trabajadores, por ejemplo, el 25% del salario que adelantaron para que la empresa comprara materias primeras, pagas extra, o los sueldos de los dos años que estuvieron en un ERE temporal consumiendo paro con el compromiso de reingresar. Los días de mayor tensión de la protesta se vivieron a finales de noviembre, donde el bloqueo de la fábrica fue total, día y noche, y la planta tuvo que parar un par de días por falta de suministros.

A finales de mes, los despedidos lograron un compromiso por parte de la empresa de que les devolvería parte de los salarios correspondientes al paro consumido y el bloqueo se relajó. Cobraron el equivalente a seis meses, pero nunca han dejado de acudir a protestar. “No hay manera de recuperar todo lo que nos deben. Estamos pidiendo hablar con los chinos a ver qué saben y qué intenciones llevan, si están dispuesto a pagar indemnizaciones o nos vamos al Fogasa”, explicaba ayer Pedro, uno de los protagonistas de la protesta.

El auto del juez, al que ha tenido acceso este diario, recuerda que la ley Concursal permite que los administradores soliciten al juzgado el auxilio que estimen necesario y, en este caso, indica que estos han acreditado mediante denuncias presentadas ante las fuerzas de seguridad correspondientes que “un grupo de personas, antiguos trabajadores de la compañía”, han acampado a la puerta de la empresa y, “como medida de protesta, impiden el normal funcionamiento de la compañía” al impedir —“o cuanto menos, obstaculizar”— la entrada y salida de suministros.

Los trabajadores lamentan que la empresa sigue debiéndoles dinero

El juez recuerda que en la fábrica todavía se mantienen 388 puestos de trabajo y que el “mantenimiento de la actividad industrial de la compañía es fundamental” no solo para mantener el valor de sus activos, sino también para que pueda ser traspasada a Huayi, puesto que el grupo chino todavía está pendiente de la adjudicación definitiva. El magistrado admite que “la presencia de personas protestando” en la entrada de la fábrica “no es perjudicial para la actividad”, pero indica que las actuaciones que le han sido comunicadas y que los propios trabajadores han admitido “interfiere en el normal funcionamiento de la compañía”, de la actividad y, por lo tanto”, en “el mantenimiento de los puestos de trabajo”. “Más allá de ser expresión del derecho de protesta supone una interferencia grave que, por su continuidad en el tiempo (dos meses) obliga a adoptar medidas que tienen como finalidad básica la garantía de la continuidad de la actividad”.

Cubigel, la antigua Unidad Hermética, fue una de las grandes empresas del Vallès. La factoría llegó a emplear en su mejor momento a más de 2.000 personas y fabricaba cinco millones de compresores al año, hasta 600 modelos de motores, y exportaba la práctica totalidad de su producción.