IU denuncia que el Gobierno difunde datos personales de manifestantes

Castro reclama que se active la comisión parlamentaria sobre financiación de los partidos

El miembro de IU Juan Antonio Aguilar, flanqueado por la parlamentaria Alba Doblas y el coordinador de IU, Pedro García, durante la presentación de la denuncia contra el Gobierno en abril.
El miembro de IU Juan Antonio Aguilar, flanqueado por la parlamentaria Alba Doblas y el coordinador de IU, Pedro García, durante la presentación de la denuncia contra el Gobierno en abril. F. J. Vargas

Izquierda Unida ha denunciado este miércoles que el Ministerio del Interior confecciona y difunde sin control “listas negras” con datos personales de asistentes a manifestaciones contra las políticas del Gobierno central. La parlamentaria autonómica de IU por Córdoba Alba Doblas ha mostrado un informe de la Brigada de Información de esa provincia que contiene la filiación de numerosas personas que acudieron el pasado 21 de febrero en la capital cordobesa a una manifestación espontánea de apoyo a los estudiantes detenidos el día anterior en Valencia. Este informe, firmado por el comisario provincial de Policía y remitido a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, recoge datos como número de DNI, dirección, fecha de nacimiento y nombre de los progenitores de varios de los asistentes a esa manifestación que no fueron identificados por los agentes y que no fueron objeto de sanción.

Según Doblas, las personas que sí llegaron a ser identificadas por la policía durante el acto y que han sido objeto de sanción administrativa por su participación en la manifestación, han recibido este informe con los datos personales de terceros como parte del expediente cuando han ido a interesarse por su multa a la Subdelegación del Gobierno cordobesa. Entre los nombrados por la policía en la lista de asistentes figuran, entre otros, la propia Doblas, el senador de IU por designación autonómica José Manuel Mariscal Cifuentes o la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta, Elena Cortés. “Se trata de un hecho muy grave que atenta contra la intimidad, la privacidad y el honor de las personas”, ha señalado la parlamentaria andaluza, quien ha anunciado que todos los cargos públicos citados en el informe denunciarán el caso ante la Agencia de Protección de Datos.

La Subdelegación del Gobierno en Córdoba respondió por la tarde a las acusaciones de Doblas. “En todos los procedimientos sancionadores (...) por manifestaciones y concentraciones no comunicadas en tiempo y forma se respeta escrupulosamente la legislación”. Según la Subdelegación, “existe la obligación” de facilitar el “contenido íntegro” de los expedientes a aquellas personas afectadas por ellos “cuando así lo soliciten” y los sancionados “tienen el deber de respetar la confidencialidad de los datos de terceros afectados que pudieran aparecer en cada procedimiento”.

Doblas ha realizado esta denuncia en una conferencia de prensa en la que Izquierda Unida ha presentado las líneas de trabajo para el periodo de sesiones del Parlamento de Andalucía que se abre el próximo 1 de febrero. El portavoz de IU en la cámara autonómica, José Antonio Castro, ha señalado que es el momento de “meter velocidad de crucero al trabajo parlamentario”. Castro ha afirmado que su grupo pedirá formalmente la convocatoria de la comisión de seguimiento y control de la financiación de los partidos políticos, que en la anterior legislatura se reunió sólo en dos ocasiones –una para constituirse y otra para cambiar de vicepresidente- y que en esta legislatura tampoco ha tenido más actividad. “Hay que dar a la ciudadanía el estado actual de la financiación de los partidos políticos de nuestra tierra, sobre la que hay dudas más que razonables tras los episodios que hemos estado viviendo”, ha afirmado Castro. El portavoz izquierdista ha afirmado que la comisión deberá “aportar propuestas” sobre financiación que puedan estar presentes en la futura Ley de Transparencia que prepara la Consejería de Presidencia.

Para el periodo de sesiones que comienza, Castro ha destacado los proyectos de ley de Memoria Democrática, de Función Social de la Vivienda, de Transparencia, de Fiscalidad y Lucha contra el Fraude y de Participación Ciudadana. También ha hecho referencia al “impulso político” del futuro “banco de tierras público de Andalucía” y el Instituto Andaluz de Crédito.

Sobre la firma

Fernando J. Pérez

Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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