El Gobierno rebaja de 35 a 20 los jornales para cobrar el subsidio

Hace dos meses que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, empeñó su palabra cuando dijo que “ningún trabajador se va a quedar sin cobrar el subsidio agrario” por las circunstancias excepcionales de sequía que sufrió el campo el último año. Pero lo cierto es que, a día de hoy, ese compromiso parece cada vez más lejano. Después de tres reuniones mantenidas con los sindicatos y las organizaciones agrarias, Empleo se ha plantado en una rebaja de 35 a 20 peonadas como requisito para el cobro de la renta agraria. Una medida que se aplicará con carácter uniforme para toda Andalucía y Extremadura, pero que, por querer satisfacer a todo el mundo, al final parece que no todos quedarán contentos.

La pérdida de empleo en el campo andaluz ha sido muy desigual. No es lo mismo la reducción de los jornales hasta en un 80% en las principales comarcas olivareras de Jaén, Granada o Córdoba, que en las zonas productoras de la fresa de Huelva, donde no ha habido caída en la contratación.

Por eso el Ministerio de Empleo, atendiendo al requerimiento de las organizaciones agrarias, accedió a modular el número de peonadas exigibles en función de la pérdida de jornales de cada territorio. Un compromiso que en la reunión de este martes ha quedado aparcado definitivamente, al igual que el de de la exoneración total de las peonadas que también reclaman varios sindicatos y partidos políticos.

Los sindicatos y los socialistas opinan que la medida es insuficiente

En la decisión de Empleo ha pesado la complejidad para evaluar la pérdida de jornales por provincias, sobre todo si se tiene en cuenta la movilidad que hay entre los trabajadores eventuales del campo por las diferentes campañas agrícolas

La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha destacado tras la reunión que se ha intentado buscar “la mejor solución” para los 200.000 jornaleros andaluces y extremeños que reciben la prestación, el 61% de ellos mujeres. Pero a tenor de las reacciones posteriores parece claro que no ha sido así. “Valoramos la voluntad del Gobierno en rebajar las peonadas, pero hace falta un paso más para buscar una solución a los que no podrán alcanzar las 20 peonadas”, señala Pedro Marcos, de la Federación Agroalimentaria de UGT en Andalucía.

Y en la provincia de Jaén, la más castigada por la reducción de empleo, los alcaldes socialistas, que protagonizaron encierros la noche del lunes tampoco ocultaron su indignación y censuraron la decisión. “No se puede rebajar los jornales un 40% cuando la cosecha ha caído más de un 80%, la desproporción es absoluta”, señala el secretario provincial del PSOE, Francisco Reyes. A su juicio, con esta medida la ministra contradice la promesa que hizo de que ningún trabajador se quedará sin el subsidio. “No lo vamos a consentir, iremos donde haga falta para que cumpla lo prometido”. También IU ha anunciado encierros para este jueves en los ayuntamientos de la provincia de Córdoba para reclamar la eliminación total de las peonadas y un plan extraordinario de empleo.

La intención del Gobierno es la de aprobar el real decreto de rebaja de las peonadas en un próximo Consejo de Ministros. En principio, según fuentes de las organizaciones agrarias, la medida tendría carácter retroactivo desde el mes de septiembre y de seis meses más a partir de la aprobación por el Gobierno.

La intención del Gobierno es aprobar el real decreto de rebaja de peonadas en un próximo Consejo de Ministros

La rebaja de 35 a 20 peonadas tiene dos antecedentes a los que se ha agarrado el departamento de Fátima Báñez: junio de 2005 y marzo de 2010 (no se aplicó en todos los municipios andaluces), en ambos casos también debido a la falta de trabajo en el campo por las inclemencias meteorológicas.

Pero también es cierto que en aquellas ocasiones la rebaja de jornales se complementó con otras exenciones fiscales que ayudaron a mitigar la situación a los trabajadores agrarios. Es por ello por lo que las organizaciones agrarias presionan ya al Ejecutivo central y a la Junta de Andalucía para aprobar un plan extraordinario ante la dramática reducción de cosecha en el olivar.

Desde la Coag, por ejemplo, se plantean créditos blandos a los agricultores, moratoria en el pago a la Seguridad Social, la condonación del IBI de rústica, la rebaja de las tarifas eléctricas o el anticipo del cobro de las ayudas europeas de la PAC. Además, Eduardo López, de la ejecutiva nacional de Coag, cree que el Profea (antiguo PER) debe “evolucionar” de tal manera que se invierta más en las infraestructuras agrarias y no tanto en los cascos urbanos de los municipios. “El empleo estable lo generan los agricultores y el medio rural”, indica López, que recuerda que el sector agroalimentario concentra más del 20% del empleo en Andalucía.