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Andalucía lleva al Constitucional las tasas de Gallardón por discriminatorias

La Junta ya ha presentado cuatro recursos contra medidas de Rajoy

Emilio Llera, consejero de Justicia de la Junta de Andalucía. Ampliar foto
Emilio Llera, consejero de Justicia de la Junta de Andalucía.

La Junta de Andalucía ha vuelto a fijarse este martes en la tercera cámara para dirimir una disputa con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El Consejo de Gobierno ha autorizado el recurso ante el Tribunal Constitucional contra las nuevas tasas judiciales diseñadas por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón.

En solo siete meses, el Gobierno andaluz ha acudido ya cuatro veces al Constitucional. Lo hizo en junio contra el real decreto de medidas urgentes relativas al Sistema Nacional de Salud. Al mes siguiente, contra las medidas de "racionalización del gasto público en el ámbito educativo". Y, en septiembre, le tocó a la liberalización de horarios comerciales.

La Junta esgrimió en esos tres casos que el Gobierno central estaba invadiendo competencias autonómicas.

Pero la argumentación cambia en el recurso sobre las tasas judiciales. El consejero de Justicia e Interior, Emilio Llera, ha detallado que el Gobierno andaluz considera que varios artículos de la ley que regula este asunto vulneran el principio de igualdad y el derecho a la tutela judicial efectiva reconocidos en la Constitución. La extensión del pago de tasas a todos los ámbitos judiciales, salvo el penal y el militar, provocará un efecto disuasorio en la población y las pymes, opina el consejero. La Justicia, en su interpretación, será accesible solo "para las clases muy pobres", con la gratuidad asegurada, y "para las clases muy altas", con suficientes recursos. Pero la generalización de las tasas dejará fuera a la capas medias y a los trabajadores, ha vaticinado el consejero.

Cronología

26 de junio. El Consejo de Gobierno de la Junta autorizó el recurso ante el Tribunal Constitucional contra el real decreto-ley de "medidas urgentes relativas al Sistema Nacional de Salud", aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. La Junta entiende que el Gobierno central invade las competencias autonómicas.

3 de julio. El mismo argumento, el de la invasión de competencias, empleó el Gobierno andaluz en el segundo recurso que ha presentado en el Constitucional contra una decisión de Madrid. La Junta recurrió el real decreto-ley de "medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo".

11 de septiembre. El Gobierno decide recurrir la liberalización de horarios decretada por el Ejecutivo central, también por una supuesta invasión de competencias.

22 de enero. Andalucía acude al Constitucional contra la nueva ley de tasas judiciales. La Junta cree que se vulneran el derecho de igualdad y la tutela judicial efectiva.

En su argumentación contra la norma del Gobierno central, Llera ha rechazado que se emplee como excusa un hipotética rebaja de los litigios, porque se haría a costa de la pérdida de derechos de los ciudadanos. Pero, además, ha pronosticado un aumento de las llamadas "querellas catalanas". Es decir, que las reclamaciones que normalmente irían por lo civil (donde hay un aumento de las tasas) acaben presentándose de forma generalizada como estafas para que se juzguen por lo penal, donde no habrá tasas.

Los movimientos contrarios a la norma de Ruiz-Gallardón se han desatado dentro del sistema judicial, con quejas de jueces, fiscales, abogados, procuradores... Algunos han ido más allá: el Colegio de Abogados de Ourense ya ha acudido a la Audiencia Nacional. Otras agrupaciones y asociaciones de letrados han anunciado su intención de recurrir ante el Constitucional.

Sin embargo, Llera —quien asegura que el de la Junta es el primer recurso ante este tribunal— cree que el del Gobierno andaluz es el que tiene más visos de prosperar, ya que en otros casos pueden existir problemas de "legitimidad activa", algo que no ocurriría con un gobierno autónomo.

También están legitimados para presentar un recurso de inconstitucionalidad 50 diputados o senadores. Y el PSOE federal ha recordado este martes que en breve también irá al Constitucional contra las tasas.

Llera ha detallado que, al tratarse de una ley estatal, no cabe la suspensión cautelar. Por lo tanto, habrá que esperar.

El consejero ha recordado que el Constitucional ha tardado más de una década en pronunciarse (y anular) la colegiación aprobada por la Junta en 2001 para los empleados públicos que trabajan en exclusiva para la Administración. Llera ha lamentado esta tardanza y ha pedido al Constitucional que tenga la suficiente "sensibilidad" para resolver "cuanto antes" el recurso sobre las tasas. Reclama al tribunal que "dé preferencia" a este caso.

Mientras tanto, poco se podrá hacer, según ha augurado el consejero. "Si Andalucía pudiera mitigar los efectos de esta ley de tasas lo haría", ha asegurado. Sin embargo, Llera entiende que es un asunto que compete al Estado y que la comunidad solo podría prestar ayuda en "supuestos muy sangrantes". Pero, a continuación, ha recordado la mala situación económica que atraviesan todas las Administraciones.