Baltar se queja del “injusto trato” al personal de la Diputación

En la sala del Parlamento donde compareció para explicar los presupuestos de la Diputación de Ourense, su presidente, José Manuel Baltar, ni aludió a la denuncia que la fiscalía presentó contra su padre. Y mucho menos habló de enchufes. Aprovechó los pasillos para anunciar a la prensa que iniciará acciones legales a fin de preservar la integridad de la institución, una amenaza recurrente cada vez que salta un escándalo vinculado al organismo provincial.

 Dentro de la comisión parlamentaria las advertencias no sirvieron de mucho. El PSOE lo acusó, a través de su diputada María Quintas, de amparar “prácticas mafiosas”. El BNG, por boca de la parlamentaria Tereixa Paz, le responsabilizó de perpetuar “las políticas miserables de la saga familiar” con la contratación de otras 133 personas con cargo a un convenio con la Xunta. El portavoz de AGE, David Fernández, le invitó a disolver la Diputación tan pronto como estuviese de vuelta en Ourense.

Fue la respuesta a los planes de Baltar II para el organismo provincial: este año rebajará el presupuesto un 6% hasta los 66 millones, incrementará las tasas un 12% y pondrá en marcha una estrategia para mejorar el “capital humano tan injustamente tratado en ocasiones”. Se trata de especializar a los trabajadores y para ello, según manifestó, necesita que la Xunta complete el Estatuto del Empleado Público con el objetivo de poder evaluar su rendimiento. Una vez que el Gobierno gallego haga esos deberes, la Diputación podrá “evaluar el trabajo de sus empleados y establecer planes de incentivos”.

La oposición interpreta que se trata de un lavado de cara formal puesto que las contrataciones han continuado una vez que Baltar hijo ha asumido el poder, incluido un asesor técnico con un salario anual de 80.000 euros. Un día después de elogiar su figura en el congreso de los populares, Baltar hijo también acusó al presidente Feijóo de incumplir la Constitución al obviar a las Diputaciones en el reparto de los ingresos por impuestos. “Es un incumplimiento constitucional y priva a los ciudadanos de participar en el retorno de sus impuestos”, dijo para animar al Parlamento a cambiar esta rutina.

Después pasó por la Cámara su homólogo en Pontevedra, Rafael Louzán, quien abogó por reducir la deuda durante 2013 en 15 millones y glosó un plan de empleo para que los ayuntamientos de la provincia puedan contratar a 500 personas en aquellas áreas que los alcaldes elijan. De la boca de Louzán no salieron quejas hacia la Xunta ni a ninguno de sus correligionarios. Incluso se mostró partidario del déficit cero y de corregir “ciertos errores” que admitió en su gestión, “como se cometen en todas”.

La oposición le afeó sus gastos de 900.000 euros en traer a Pontevedra un partido de la selección española y su apuesta por la Vuelta Ciclista, así como su costumbre de ir repartiendo cheques por las asociaciones como si el dinero fuese suyo. Esos reproches motivaron un enfrentamiento con el diputado de AGE José Manuel Fajardo, a quien Louzán llamó “sindicalista fracasado”.